Agresiones, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación conforman este 2020 un panorama desolador en Guatemala, destaca hoy el informe ‘Estado de Situación de la Libertad de Expresión’.
En vísperas del Día Nacional del Periodista, el gremio advierte que lamentablemente durante el gobierno de Alejandro Giammattei y la pandemia de la Covid-19, no es una fecha para celebrar, sino para reivindicar el derecho a la libre emisión del pensamiento.
El documento de la Asociación de Periodistas de Guatemala (AGP) registra 124 casos de ataques y apunta que es el año con más agresiones, entre ellas, intimidación, difamación, amenazas, obstrucción a la fuente, ataque cibernético y agresión física.
Según el reporte, ‘la suspensión de actividades en el ámbito público o las medidas de distanciamiento físico para evitar los contagios fueron las excusas idóneas para que en muchos lugares las autoridades locales prohibieran el acceso de reporteros a reuniones’.
Giammattei mostró su ‘prepotencia hacia los reporteros que lo cuestionaban, y decidió informar las decisiones presidenciales sobre la Covid-19 por medio de cadenas de radio y televisión, sin convocar a ruedas de prensa’, recuerda la AGP.
De acuerdo con la fuente, ‘quería evitar cuestionamientos sobre sus declaraciones contradictorias, su pésimo abordaje de la crisis sanitaria y la opacidad con la que manejo los millones de dólares que solicitó en los primeros meses de la emergencia’.
El texto expone registros de censura y autocensura en los departamentos de Izabal, Quetzaltenango, Totonicapán, Jutiapa y Quiché por amenazas o agresiones de funcionarios y empleados municipales, restricciones para acceder a información o pago de sobornos.
En su análisis, el Observatorio de Periodistas refiere cuatro casos recientes de detenciones arbitrarias y dos demandas judiciales contra comunicadores comunitarios.
Entre ellos, la interpuesta por el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, Miguel Martínez, contra Plaza Pública; el arresto arbitrario de Sonny Figueroa; la detención del periodista Francisco Chox en Nahualá, Sololá, y la persecución penal contra la comunicadora Anastasia Mejía, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV.
También documenta denuncias públicas de acoso y mensajes de odio en las redes sociales contra Pia Flores, Kimberly López, Francelia Solano y Jody García, del medio digital alternativo Nómada, hoy desintegrado.
Otros ataques incluyen a la periodista Carolina Gamazo, de No-Ficción, y la reportera de Prensa Comunitaria, Stef Arreaga.
A todos estos casos habría que sumar las manifestaciones de violencia tanto por la policía como por grupos de encapuchados contra comunicadores sociales, periodistas, fotógrafos y camarógrafos en las protestas del pasado 21 y 28 de noviembre.
(Con información de Prensa Latina)
