Si a la clasificación de las enfermedades humanas se le puede hacer un paralelo con algunas económicas, a la comercialización agrícola en Cuba se le diagnosticaría alguna especie de migraña: un tipo recurrente de dolor de cabeza, cuya aspirina definitiva no acaba de aparecer en el «cuadro básico» de soluciones de nuestra actualización económica.
Lo anterior no impide reconocer que no faltaron tanteos para aliviar las causas de esa «dolencia», desde que apareciera el denominado mercado libre campesino —con sus bautizos populares más sarcásticos— hasta días recientes, cuando en reunión del Consejo de Ministros se anunció la Política de Comercialización de Productos Agropecuarios, que abre otra etapa de expectativas.
En mayo de 2016, por ejemplo, cerraba estruendosamente en la capital uno de tantos experimentos, que tras el comienzo de la actualización se anunció «como otra vía para, de manera gradual, disminuir el precio de los alimentos del campo y de que lleguen a sus destinos sin intermediarios».
El mercado concentrador El Trigal y la cooperativa no agropecuaria que lo manejaba fueron disueltos tras graves irregularidades, que incluían delitos, ilegalidades, falta de control, lo cual condujo al incumplimiento de las misiones para las que fue abierto.
Con menos algarabía, aunque tampoco con muchas mejores melodías para escucharse sobre la mesa, en 2019 un nuevo Decreto del Consejo de Ministros —el 355— ponía fin a cinco años de aplicación, también con carácter experimental, de lo que se presentó como un Procedimiento para la comercialización de productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Bajo su amparo aparecía una Empresa para el acopio de productos agrícolas hacia la capital, como en casi todo el país, y se rectificaban los mecanismos de funcionamiento de la única Empresa de productos agropecuarios existente en el país: la de Mercados de La Habana que, entre otras medidas, fue preciso recapitalizar. El Decreto puntualizó, adicionalmente, las figuras que participan en el esquema de comercialización de productos agropecuarios en la ciudad.
No son pocos los problemas que se afrontan para cumplir lo establecido en esa disposición —que tal vez requiera nuevos ajustes a tenor con la política aprobada por el Ejecutivo nacional.
Directivos de Mercados Habana reconocían ante la prensa varios de estos: bajos salarios de sus trabajadores, falta de un programa de desarrollo integral a largo plazo, que incluya el mejoramiento de la imagen de los mercados, necesidad de mejorar las condiciones logísticas y de almacenamiento, compatibilización del actuar de la empresa con la Ley de protección al consumidor, para lo cual se requiere resolver problemas con los instrumentos de medición —recordemos que el pesaje es uno de los traumas recurrentes del mercado en el archipiélago—, y de climatización para preservar los productos, así como la necesidad de un departamento de calidad que vele desde lo que se compra hasta por lo que se vende…
Aunque está muy claro que el problema mayor que enfrenta el mercado agropecuario cubano se focaliza en las bajas producciones, una situación que no superamos tampoco pese a múltiples medidas de rectificación e incentivos —la última evaluación del programa alimentario en el Consejo de Ministros analizó incumplimientos de los planes de arroz, frijoles, maíz, leche fresca y carne de cerdo, sin que todavía se padecieran los efectos de la tormenta tropical Eta—, no caben dudas de que hay una interdependencia inevitable entre los campos y las tarimas. Lo que ocurre y se disponga sobre uno incidirá siempre en el otro.
Una prueba histórica de esa interdependencia la tuvimos durante el dramático período especial, cuando los mercados agrícolas estatales criollos parecían haber sido barridos por escobas mágicas, mientras medidas comerciales de flexibilización cambiaban llamativamente el panorama de la noche a la mañana. Más recientemente, en medio de la COVID-19, malas señas llegadas a los productores que abastecen la capital crearon una delicada situación de desabastecimiento por numerosos días. Es evidente que un manejo apropiado del mercado, además de engordar las cosechas, las transparenta y acerca a los consumidores.
Estos últimos —entre los que no faltan escépticos tras tantas experimentaciones fallidas— estarán muy atentos a los resultados que ofrezca la nueva Política aprobada por el Consejo de Ministros, luego de ajustarla con productores, presidentes de cooperativas agropecuarias, directores generales de empresas y profesores universitarios.
Somos muchos los ansiosos y necesitados de que acierte este importante instrumento de Política, que cede en el monopolio estatal sobre el acopio, la distribución y la venta de los productos agrícolas a favor de una relación armoniosa entre la empresa estatal y las formas productivas y de gestión no estatal, como planteó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Urge que la nueva Política sirva para acabar de diseñar el traje a la medida en ámbito tan sensible, donde se requiere saltar de los ensayos al sayo, pero el que definitivamente encaje.
(Publicado en la edición dominical del 15 de noviembre del diario Juventud Rebelde)
Debe tener una solución, el pago a los productores de los productos agropecuarios, los muy elevados precios incrementados en los últimos meses.