Más de la mitad de las etnias indígenas en Brasil están afectadas por la pandemia de la COVID-19, al ser reportados cerca de 35 000 infectados y 836 muertes entre los pueblos originarios, reporta la agencia EFE.
De acuerdo con un análisis realizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) y otras entidades públicas y privadas que ayudaron en la recolección de datos, de las 305 etnias que habitan en el gigante sudamericano, en 158 se han identificado contagios y fallecimientos, lo que representa más del 51 por ciento de los pueblos originarios.
Las últimas cifras recogidas por la Coiab indican que la región de la Amazonía, la cual incluye 27 Estados brasileños, continúa siendo la más afectada de la nación sudamericana al reportar 24 866 casos y 667 muertes.
Así, Amazonas, con 5 854 casos y 204 fallecidos, lidera la lista de contagios y decesos, seguido de Pará, con 5 317 infectados y Mato Grosso con 197 fallecidos.
La contaminación ambiental se suma al precario panorama del país donde los incendios han crecido significativamente, con relación al mismo periodo del año pasado.
Tal situación-coinciden los expertos-podría empeorar el estado de personas convalecientes de la letal enfermedad.
Para los pueblos indígenas, la atención médica es casi una utopía, pues los centros hospitalarios capacitados para ofrecer servicios de urgencia están ubicados a miles de kilómetros de sus aldeas.
Organizaciones como la Apib denuncian el genocidio de los pueblos originarios debido a la “omisión” del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien sancionó en julio una ley aprobada por el Congreso que prevé medidas para la prevención del virus en territorios indígenas.
Sin embargo, a comienzos del mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia de ese país obligó al Gobierno a adoptar una serie de acciones, como la creación de barreras sanitarias para contener la pandemia entre las comunidades originarias.
Asimismo, el máximo tribunal de justicia dictaminó que las autoridades policiales expulsen a madereros y mineros ilegales por constituir invasores de las tierras indígenas.
