La esperanza y el optimismo son bestezuelas simpáticas, necesarias, pero escurridizas. Se les debe alimentar pero no demasiado. Es preciso cerciorarse de si van por donde tienen oportunidad de imponerse.
Cuando se lee que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anuncia que el ejecutivo recién elegido asumirá el poder en la primera quincena de noviembre, hay animación y alivio. Y si desde esa misma instancia afirman que la probable toma de posesión depende “de factores sobre los cuales no tenemos información”, se pierde la sonrisa.
El presidente de ese órgano electoral, Salvador Romero, aclara que se debe tener el resultado oficial definitivo de las elecciones y no es imposible sea forzoso repetir la votación en algunos sitios. “Así haya una sola mesa anulada, el cómputo final deberá esperar hasta la repetición de la votación” en ese sitio, apuntó ante la prensa. ¿Exceso de celo, no asumido cuando pusieron en duda los comicios del pasado año, facilitando el golpe contra Evo Morales, o será una evidencia de los intentos para no aceptar el sonado fracaso de la oligarquía boliviana y sus propugnadores externos?
Se pueden estar fraguando arbitrios para evitar que el Movimiento al Socialismo vuelva al poder con un programa de equilibrios y solvencia social ya probados en ese cerca del 7% de crecimiento del PIB que lograron junto con la disminución de la pobreza y el ennoblecimiento de los sectores indígenas y otros marginalizados.
Luis Arce y David Choquehuanca, representantes del MAS y ganadores con aplastante magnitud de las elecciones ocurridas el 18 de octubre, son personalidades bien conocidas por quienes decidieron mayoritariamente darles de nuevo las riendas del país. El primero, como ministro de economía bajo mandato de Evo Morales, diseñó y estuvo al tanto de un programa de desarrollo con equidad y reparaciones humanas imprescindibles. El segundo, dio fe de capacidades a través de una viril defensa de triunfos y dignidad en relaciones exteriores.
Arce anuncia como su primer acto al mando la entrega de un bono contra el hambre para, con varias transferencias estatales, remendar las lesiones provocadas en 11 meses de des-gobierno. La sabiduría de la experiencia junto con las buenas intenciones estarían a favor de un retorno ventajoso, con un proyecto concebido para restablecer y darle protección a las empresas estatales y activar las pequeñas y medianas de tipo autónomo.
La crisis provocada por entes tan egoístas se une a los efectos de la Covid-19 que hasta en estados ricos hace estragos. Por tanto, reconstruir la esfera productiva y todas las diligencias paralizadas por el régimen transitorio son parte del desafío para rehabilitar una obra de 14 años, luego de someterla a un insensato desperdicio. Eso, pese a ser enorme, no es todo ni lo peor.
Materializar ese programa transcurrirá bajo amenazas de un golpe radical en lo inmediato o uno ralentizado en busca de reacomodos posteriores a través de una oposición perniciosa que conoce las fórmulas de trabajo y las metas de quienes retornan a tan puntual responsabilidad.
Queda por conocer la reacción del santacruceño Luis Fernando Camacho y sus seguidores de la ultraderecha más violenta. Deben decidir si repiten los actos sediciosos bañados con un aparatoso tinte de falsa religiosidad, o si procede a jugar con los añejos ases separatistas de que dispone la rica zona. “El Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, aglutinantes del empresariado del departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, son las plataformas que utilizó Luis Fernando Camacho para perfilarse como líder de las primeras revueltas, (contra la administración del presidente aumara) amplificadas luego en sediciones contra la institucionalidad del gobierno boliviano”. Así lo formula Misión Verdad.
El separatismo no es una broma. De viejas disputas territoriales se valieron las élites locales para erigirse sobre las comunidades aborígenes desde una supuesta superioridad racial que sirvió de máscara para encubrir intereses y actividades injerencistas de Estados Unidos en Bolivia.
Recuérdese que en el 2008, y bajo la presidencia de Evo Morales, las fuerzas reaccionarias de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, implementaron un referéndum autonómico apoyado por la OEA, brazo político de Washington en la región. Fue uno entre distintos intentos secesionistas. Que el golpe del 2019 tuviera epicentro en esa Media Luna, como también se le conoce, hace prever inestabilidad movida por intereses locales y estímulos norteamericanos, acrecentados por el interés con respecto a los más recientes recursos naturales descubiertos en este territorio andino. Cuando se dice que el litio está entre los resortes motivacionales de los sucesos que dispararon incertidumbre y nocivas consecuencias sobre los bolivianos, no se anda lejos de la verdad.
El resultado en urnas ha sido tan contundente que los derechistas del área y los viciados organismos regionales (léase OEA) se vieron urgidos a darle reconocimiento a Arce y Choquencahua. Hasta el subsecretario norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, dijo que la administración estadounidense reconocería el resultado y la propia Jeanine Áñez, (coterránea de Camacho, por cierto) aplastada por su anonadante fracaso, lo hizo saber en seguida, twuit mediante.
No hay que caer en trampas. Este asunto tiene como componentes en su favor, el momento resbaladizo e incierto provocado por las elecciones en EE.UU. y las afectaciones mundiales por la pandemia, su influjo sobre el comercio y la economía internacional.
Cuando se habla de una nueva normalidad o de una era post coronavirus, es posible se estén refiriendo también a oportunidades que se inician con este lance y donde esperanzas y optimismo tienen espacio, por frágiles que estén.
El nuevo triunfo del MAS en Bolivia ha sido todo un éxito para los partidarios de esa organización política, para el pueblo de Bolivia y para el movimiento de izquierda latinoamericano y mundial.
Luis Arce y David Choquehuanca serán los máximos representantes del gobierno. Han ganado abrumadoramente las elecciones, pero no el poder, pues les queda una batalla permanente y sin cuartel contra los poderes hegemónicos del ejército, la policía, la prensa derechista y la oligarquía nacional , entre otros factores adversos , que le harán fuerte oposición ,apoyados desde el exterior , especialmente por el gobierno de los Estados Unidos. La tarea que tienen por delante será ardua y compleja para lograr alcanzar el poder real , legislar y actuar en beneficio del pueblo boliviano, como quedó demostrado en las dos décadas del gobierno de Evo Morales . Con la derecha rancia y golpista boliviana e internacional no puede haber ingenuidades ni titubeos, pues estos se pagan bien caros. Gracias a la especialista en temas internacionales Elsa Claro, por el análisis sobre la situación actual en Bolivia , que resulta muy esclarecedor.