Si la comunidad internacional no toma medidas inmediatas y ambiciosas para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la educación de las personas refugiadas, el potencial de millones de jóvenes refugiados que viven en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo se verá aún más amenazado.
Esa es la principal conclusión de “Uniendo fuerzas por la educación de las personas refugiadas”, quinto informe presentado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A través de un análisis de las estadísticas sobre la escolarización del año 2019 de doce naciones que acogen a más de la mitad de los niños y niñas refugiados en el mundo, ACNUR sostiene que muchos infantes no tendrán la oportunidad de retomar sus estudios por el cierre de las escuelas, las graves dificultades para pagar las tasas de matriculación, uniformes y libros o la carencia de tecnologías indispensables para completar la educación a distancia.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, Filippo Grandi, antes de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la mitad de los niños refugiados en el mundo no estaban escolarizados.
En este sentido, el funcionario afirmó: “Después de todo lo que han soportado, no podemos robarles su futuro negándoles hoy una educación. A pesar de los enormes desafíos que plantea la pandemia, si se ofrece un mayor respaldo internacional a las personas refugiadas y a sus comunidades de acogida, podremos desarrollar más medios innovadores para proteger los avances fundamentales obtenidos en los últimos años”.
Sin un mayor apoyo, el incremento sostenido de matriculación en escuelas, universidades y estudios técnicos y de formación profesional que se ha ido ganando, podría revertirse, en algunos casos de forma permanente, poniendo en peligro los esfuerzos para alcanzar el cuarto objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
El informe indica que la tasa bruta de matriculación en enseñanza primaria es del 77 por ciento; en educación secundaria, del 31 por ciento y en educación superior, solo del 3 por ciento.
Sin embargo, aunque esas cifras estén muy por debajo de los promedios mundiales, la investigación señala un avance.
“La matriculación en enseñanza secundaria aumentó en decenas de miles de niños refugiados, lo que supone un incremento del 2 por ciento solo en 2019”.
Por otra parte, la amenaza que pesa sobre la escolarización de las niñas refugiadas es especialmente preocupante, pues según los datos de la ACNUR, la mitad del total de niñas que cursan secundaria no reanudarán sus estudios cuando las escuelas reabran este mes de septiembre.
En los países donde la tasa de matriculación de las niñas refugiadas en educación secundaria ya era inferior al 10 por ciento, todas corren el riesgo de abandonar sus estudios definitivamente, predicción alarmante con impacto en las generaciones venideras.
La educación no es solo un derecho humano-enfatizó Grandi-sino que la protección y los beneficios económicos para las niñas, jóvenes y sus comunidades son evidentes, “la comunidad internacional simplemente no puede permitirse el lujo de no brindarles las oportunidades que se derivan de la educación”.
