Las previsiones de retroceso económico y social en América Latina y el Caribe son alarmantes. Un informe publicado hoy por la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales (Oxfam) destaca que la informalidad, desigualdad e insuficiente dotación sanitaria lastran las posibilidades de enfrentar la pandemia, en una región donde los más vulnerables asumen el costo.
De acuerdo con la organización, hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones, perder sus empleos, cifras que representan un retroceso de 15 años para la región.
Sin embargo, la COVID-19 no afecta a todos por igual, sino que aumenta la brecha entre ricos y pobres impregnando de inmunidad al contagio de la crisis económica a una élite que se acrecienta.
Actualmente -precisa el informe- hay ocho nuevos multimillonarios en América Latina y el Caribe, quienes poseen un patrimonio superior a los mil millones de dólares; en tanto, las personas más ricas han aumentado su fortuna en 48 200 millones de dólares desde marzo del presente año, lo que equivale a un tercio del total de los paquetes de estímulo de todos los países del área.
Para la gran mayoría de la ciudadanía, los confinamientos han terminado con sus ahorros y han mostrado la vulnerabilidad de unos servicios públicos que no alcanzan a garantizar cobertura ni derechos. De ahí que el documento emitido por Oxfam sugiera que si se aplicara un impuesto extraordinario a las grandes fortunas entre el dos por ciento y el 3, 5 por ciento, se podría recaudar hasta 14 260 millones de dólares cincuenta veces más.
La región latinoamericana acusará el mayor desplome económico del mundo a causa de la propagación del virus con una caída del 9, 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, situación que podría compensarse “si se optara por una lucha decidida contra los paraísos fiscales, por los que se escapan ingentes recursos”.
Otra de las opciones expuestas en el artículo cita como esencial negociar una suspensión inicial (deseable, una cancelación completa de pagos) de la deuda, de los años 2020 a 2022.
Asimismo, Oxfam apuesta por una combinación de medidas urgentes, viables y necesarias que orienten el gasto de los servicios públicos para enfrentar la crisis.
El reto para los Gobiernos y la ciudadanía -concluye el informe- es garantizar que esas propuestas se hagan realidad, denunciando aquellas intromisiones que busquen alterar el debate público, la toma de decisiones o su implementación.
