Queridos amigos y amigas:
En Brasil está teniendo lugar un genocidio. En el momento en que escribo, el 16 de julio, la COVID-19, detectada en el país en febrero de este año, ya ha matado a 74 mil personas. El domingo 19 de julio llegaremos a las 80 mil víctimas. Es posible que cuando lean este llamado trágico ya lleguen a cien mil.
Cuando recuerdo que durante un lapso de 20 años, en la guerra de Vietnam, se sacrificaron las vidas de 58 mil militares usamericanos, me percato de la gravedad de lo que ocurre en mi país. Este horror causa indignación y repugnancia. Y todos sabemos que las medidas de precaución y restricción adoptadas en tantos otros países podrían haber evitado tamaña mortandad.
Este genocidio no es resultado de la indiferencia del gobierno Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro se complace con la muerte ajena. En 1999, cuando era diputado federal, declaró en una entrevista televisiva: “A través del voto nada va a cambiar en este país, nada, ¡absolutamente nada! Lamentablemente, solo cambiará si un día empezamos una guerra civil aquí adentro y hacemos el trabajo que no hizo el régimen militar: matar a unos 30 mil”.
Al votar a favor del juicio político a la presidenta Dilma dedicó su voto a la memoria del más notorio torturador del Ejército, el coronel BrilhanteUstra.
Como está tan obcecado con la muerte, una de sus principales políticas de gobierno es la liberación del comercio de armas y municiones. Cuando le preguntaron a las puertas del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: “No creo en esos números” (27 de marzo, 92 muertes); “Todos moriremos algún día” (29 de marzo, 136 muertes); “¿Y qué es lo que quiere que yo haga?” (28 de abril, 5 017 muertes).
¿Cuál es el por quéde esa política necrófila? Desde el inicio declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a decretar el lockdown, acatar las orientaciones de la OMS e importar respiradores y equipos de protección individual. Fue preciso que el Tribunal Supremo le delegara esa responsabilidad a gobernadores y alcaldes.
Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de Salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos destituidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio está el general Pazuello, que no sabe nada de la cuestión sanitaria; intentó ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; nombró a 38 militares carentes de la necesaria calificación para desempeñar funciones importantes en el ministerio; y canceló las comparecencias diarias mediante las cuales la población recibía orientaciones.
Resultaría trabajoso enumerar aquí cuántas medidas de liberación de recursos para socorrer a las víctimas y a las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han puesto en práctica.
Las razones de la intencionalidad criminal del gobierno Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para economizar recursos de la seguridad social. Dejar morir a los portadores de enfermedades preexistentes para economizar recursos del sistema nacional de salud (SUS). Dejar morir a los pobres para economizar recursos de Bolsa Familia y otros programas sociales destinados a los 52,5 millones de brasileños que viven en la pobreza y alos 13,5 millones que se encuentran en situación de pobreza extrema (datos del gobierno federal).
No satisfecho con esas medidas letales, ahora el presidente vetó, en el proyecto de ley aprobado el 3 de julio, el articulado que obligaba a usas mascarillas en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones de enseñanza. Vetó también la imposición de multar a quien no cumpla lo establecido y la obligación del gobierno de distribuir mascarillas entre los más pobres, principales víctimas de la Covid-19, y entre los presos (750 mil). No obstante, esos vetos no anulan legislaciones locales que ya establecen la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
El 8 de julio, Bolsonaro echó por tierra los segmentos de la ley, aprobada por el senado, que obligaban al gobierno a abastecer de agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalación de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. Vetó también el presupuesto de emergencia destinado a la salud indígena, así como facilitar el acceso de indígenas y quilombolas al auxilio de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) por tres meses. Vetó, además, la obligación del gobierno de ofrecer más camas hospitalarias, ventiladores y máquinas de oxigenación sanguínea a los pueblos indígenas y quilombolas.
Indígenas y quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, en especial en la Amazonia.
Por favor, divulguen cuanto puedan este crimen de lesa humanidad. Es preciso que las denuncias de lo que ocurre en Brasil lleguen a los medios de comunicación de sus países, a las redes digitales, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y al Tribunal Internacional de La Haya, así como a los bancos y las empresas que albergan a los inversionistas que tanto codicia el gobierno Bolsonaro.
Mucho antes de que lo hiciera TheEconomist, en las redes digitales llamó al presidente BolsoNero: mientras Roma es devorada por las llamas, toca la lira y le hace propaganda a la cloroquina, un fármaco sin ninguna eficacia científicamente probada contra el nuevo coronavirus. Pero sus fabricantes son aliados políticos del presidente…
Agradezco su solidario interés en divulgar esta carta. Solo la presión proveniente del exterior será capaz de detener el genocidio que asola a nuestro querido y maravilloso Brasil.
Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es fraile dominico y escritor, asesor de la FAO y de movimientos sociales.
