Ofrecer un pasaporte de inmunidad a aquellas personas que se han recuperado de la COVID-19 y han dado positivo por anticuerpos contra el SARS-CoV-2 es una posibilidad que han planteado países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. “De esta forma, dichos ‘afortunados’ podrían volver al trabajo, socializarse y viajar, informó redacciónmédica.com.
Pero, esta propuesta no ha tenido éxito; entre otras razones porque estudios recientes señalan que “aunque la mayor parte de los pacientes recuperados de la enfermedad tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2, todavía se desconoce si todo el mundo puede producir los suficientes anticuerpos para garantizar una protección en el futuro ni cuánto tiempo duraría esta supuesta inmunidad”.
Bajo el título Diez razones por las cuales los pasaportes de inmunidad son una mala idea, la revista científica Nature argumenta dicho punto de vista. Y el anterior es el primer tópico que esgrime al respecto.
Por otra parte, añade que si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 funciona igual que con el resfriado común, este periodo de inmunidad sería mucho menor que uno o dos años, tiempo que dura en enfermedades con las mismas consecuencias respiratorias como el SARS o el MERS.
En contra de este ‘pasaporte de inmunidad’ también arguye porque “las pruebas para medir los anticuerpos de SARS-CoV-2 en la sangre no cuentan con la suficiente calidad ni eficacia.
Además, “sería necesario realizar cientos de millones de pruebas serólogicas en un solo país. Y dos pruebas por persona sería la cifra mínima para poder establecer esta medida de control ya que cualquiera que de negativo en un primer test podría infectarse más tarde y necesitaría garantizar la inmunidad continua”.
A su vez, si el ‘pasaporte de inmunidad’ se estableciera como una medida imprescindible para poder salir de casa, la proporción de población sería mínima, señala. “La OMS estima que solo el 2-3 por ciento de la población mundial se ha recuperado del SARS-CoV-2. En este sentido, si solamente estas personas vuelven a trabajar y hacer “vida normal” sería inviable para la economía y la seguridad de un país”.
Argumentaciones éticas también previenen en contra de establecer un ‘pasaporte de inmunidad’, pues se trata de limitar o dar acceso a derechos como el de ir a trabajar. Esto, sin contar que “se requeriría de sistema de identificación y monitoreo que no sea vulnerable a la falsificación, como ocurriría con un papel. Así, una app con la documentación sanitaria integrada de forma electrónica sería más resistente al fraude, pero conlleva un riesgo para la privacidad”.
En torno a este asunto, el texto cita el ejemplo de los códigos QR establecidos en China, que sirven para controlar la entrada a lugares públicos. Pero dan más información aparte de la inmunidad a la COVID-19, incluido el historial de viajes, con quién la persona ha entrado en contacto, así como información de salud, desde la temperatura del cuerpo hasta si recientemente han tenido un resfriado.
En su artículo, Nature también hace referencia a que no toda la población puede tener acceso a un test inmunológico de la COVID-19, “sobre todo teniendo en cuenta que el número de estos es escaso y depende en muchos casos del poder económico”.
“A su vez, etiquetar a las personas sobre su inmunidad hacia la COVID-19 permitiría dividir a la población entre inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos. Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente. En el caso de que haya una vacuna de pago, las personas con capacidad económica podrían acceder a ella y obtener una ‘certificación inmunológica’. Privar de la libertad de movimiento al resto de la población iría en contra de sus derechos”.
El último argumento que esgrime la revista científica en contra del pasaporte de inmunidad es que podría convertirse en el futuro en un “pasaporte biológico” que incluyera datos de salud personal como la salud mental o pruebas genéticas.
