Dada la necesidad de fomentar el mejor colectivismo, y frente a hechos delictivos que se develan en estos días, resulta especialmente justo reconocer los aportes de pequeños propietarios —individuales o cooperativistas— a los recursos de la nación para enfrentar la pandemia que enluta al mundo. Solo que no todos los elogios a ese sector se hacen con las mismas intenciones que es de esperar en medios noticiosos cubanos. En distintos escenarios aflora o se desborda la idea, no de dar a la propiedad privada el espacio y las proporciones que le correspondan en el proyecto cubano, sino que este se abra de cuerpo entero a la privatización como único camino hacia la eficiencia.
Quienes lo proponen soslayan que, en Cuba, el aporte antes mencionado resulta de veras útil porque se inserta en una economía regida por la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y los servicios esenciales, como la educación y la salud. Dicho con mayor precisión: por la propiedad que es —y crecientemente debe reconocerse así— social y de todo el pueblo. El Estado, que no es el propietario, tiene con ella la responsabilidad de ser su administrador y garante, con la mayor eficiencia.
En el capitalismo, donde predomina la propiedad privada, los pequeños propietarios intentan levantar cabeza a pesar de los grandes, los hegemónicos y avasalladores, ya sean internos o foráneos. A los pequeños —como a gran parte de la población— les cuesta sobrevivir, rodeados de los muertos de COVID-19, que suman cifras aterradoras, y ante una protección sanitaria despiadadamente supeditada a intereses económicos.
Ocurre en países como Ecuador, con sus escenas dantescas y un gobierno que ha desmantelado las conquistas de la Revolución Ciudadana, a la que traicionó. Y en naciones poderosas, como los Estados Unidos, donde los horrores de la pandemia, mal enfrentada, ponen una vez más a la vista las entrañas de una sociedad en que el racismo revalida las monstruosidades del Ku Klux Klan.
Son apenas dos ejemplos. Con matices cabría añadir realidades similares en distintas latitudes del mundo. A quienes en Cuba han querido hacerse los suecos, algo podría decirles el saber que el país o modelo de sus sueños ha reconocido la insuficiencia del modo como ha enfrentado la pandemia, aunque para declararlo haya necesitado acumular alrededor de cuatro mil quinientas muertes, o más.
En Cuba la propiedad social asegura, entre otras cosas, que los gestos humanitarios, ya sean individuales o colectivos, surtan mayor efecto. Fundamentales son las medidas que, pese a todo —cuando arrecia el férreo bloqueo impuesto por la misma potencia devenida epicentro de la pandemia—, el país mantiene para no perder la marcha favorable que beneficia al pueblo. Desmiente así de paso a los agoreros que le vaticinaron lo peor y aún siguen desconociendo y tergiversando cuanto ella hace.
Para mantener sus logros necesita Cuba alcanzar una economía solvente, propósito contra el cual se han erigido obstáculos diversos. Además del férreo bloqueo ya mencionado, cuentan las deficiencias administrativas y de producción que dan pábulo a glorificaciones de la propiedad privada, y a quienes en esa línea reclaman el libre desarrollo de la economía de mercado, y que este no sea objeto de satanización.
Innecesario satanizarlo es, y tampoco será razonable angelizarlo: basta que sea mercado, y ver qué caminos puede tomar dejado a sus anchas, sin regulaciones. Ahora bien, si una sociedad sometida a la economía mercantil genera injusticias criminales, habría que pensar cómo sería, en caso de que pudiera existir, una sociedad sin mercado y sin economía. No se vive en un mundo ideal ni en un futuro imaginado.
Pero la única privatización de la que debe Cuba salvarse no es la neoliberal, que puede basarse en leyes, aunque sean dolosas. Hay otra privatización solapada: la que se consuma de hecho por la corrupción. Cometida o tolerada, o con una combinación de ambas acciones, esa lacra pesó entre las que tuvo en cuenta Fidel Castro en su discurso del 17 de noviembre de 2005 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, al sostener: “Este país puede autodestruirse […]; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos [los imperialistas]; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra”.
La privatización delincuencial podrá tener menos monto que la desatada en otros países bajo el neoliberalismo y sus leyes; pero —así como la corrupción en general, sea cual sea su grado— en un proyecto socialista la supera en peligrosidad, por el deterioro ético y moral que la acompaña y crece con ella. Lo televisado en todos estos días con informes que puntean el archipiélago nacional, confirma algo que se intuía, o más: la corrupción galopa, y sería suicida ignorarlo. Era en realidad un secreto a voces la existencia de hechos delictivos al amparo de otros males, como la indolencia y la permisividad social.
Se oyen expresiones de apoyo a la delincuencia, relevantes aunque fueran minoritarias. En ellas subyace el temor a que —cortadas las vías ilícitas de circulación— adquirir los bienes ahora confiscados resulte aún más difícil que hoy, y que antes de la pandemia incluso. Tan triste razonamiento lo calzan las ineficiencias de la propiedad social, que no son fatales, resultado ineludible de su complejidad, o de un dictado divino. Son fruto de malas actitudes, como el egoísmo —que no se erradica con mandatos o buenas intenciones—, y, sobre todo, de fallas y desvíos en su administración.
Pero manifestaciones de rechazo a las acciones que, ¡al fin!, se intensifican y deben mantenerse contra la delincuencia, no siempre expresan complicidad con ella. Actúan asimismo otras motivaciones, y una al menos se ha de tener presente: la posibilidad de que se estén violando normas procesales que no se deben incumplir, y menos en un país enfrascado en un replanteo constitucional de la mayor importancia, con el que urge lograr que las leyes se conozcan, se apliquen y se cumplan.
Si en la violación de normas jurídicas hallan argumentos contra Cuba quienes en todo buscan motivos para desacreditarla —o los fabrican—, otro hecho merece mayor atención todavía: la insatisfacción que genera ver operaciones policiales limitadas hasta ahora a capturar a quienes, si no se prueba lo contrario, son solo eslabones o peldaños en la corrupción.
Cuando era diputado a la Asamblea Nacional, un periodista propuso algo que parece haberse desoído: que funcionarios y dirigentes hicieran una declaración jurada de sus bienes al tomar posesión de sus cargos. No es necesario ser devoto de quien hizo la propuesta, el experimentado Lázaro Barredo, para entender el valor de esa idea.
Aunque algunos querían ignorarlo, y responsabilizar al ramal más débil de la soga, se sabía que en Cuba abundan periodistas de talento y coraje para denunciar lo denunciable, y hacerlo bien. Si no lo han hecho siempre, búsquese la causa en las reglas informativas establecidas, o aplicadas. Pero tampoco es cuestión de propalar reportajes que solo nutran currículos personales, y sustituyan con episodios espectaculares y directos —alentados por nuevas ondas de embullo transitorio— los dramatizados semanales de Tras la huella. Esa es una posibilidad contra la cual algunas voces han alertado desde una diversidad de intenciones que no viene al caso elucidar. Más vale prevenir peligros, o enfrentarlos para vencerlos.
Al descubrirse almacenes enteros en poder de alguien a quien ha habido razones para considerar delincuente, y hasta mostrar su rostro al público, cualquier persona normal se preguntará: ¿cuándo sabré de dónde salió todo eso? Difícilmente viajar por algunos países y regresar con unos cuantos bultos acompañantes le dé a una persona para traer con qué llenar almacenes de apreciable tamaño. Tendría que invertir mucho en la compra de complicidades aduaneras —¿habría que descartarlas?— para pasar tanta carga, y no en un solo viaje. Quizás de una vez podría importar lo que no tardaría en venderse en su barrio, o donde actúen ella y otros elementos de una cadena que si de algo podrá tildarse no será de ineficaz.
Quedaría saber quién le suministró al delincuente desenmascarado bienes que colman las que parecen naves de fábricas o de establecimientos de apreciable tamaño. ¿No estará la fuente de suministro en administradores, gerentes, funcionarios, dirigentes, ejecutivos, empresarios —o comoquiera que se denominen sus cargos— que se enriquecen con una verdadera privatización de recursos que se han importado o se han producido en la agricultura o en la industria para satisfacer necesidades del pueblo? Hace algunos años el primer secretario del Partido, general de ejército Raúl Castro Ruz, convocó a desenmascarar y condenar a los corruptos, sean quienes sean.
Los mecanismos formales están lejos, muy lejos, de resolverlo todo. Hasta la Constitución, si no se aplica y se respeta como debe hacerse, puede parar en letra muerta, y eso ha de impedirse por todos los medios. Pero ante señales de la realidad revelada —o que se hace pública, pues muchas veces ya sería imaginable, o conocida—, se piensa en la declaración de bienes propuesta por el periodista diputado. Aunque tal vez no haría mucha falta para detectar cambios de poder adquisitivo y modo de vida que saltan a la vista y corroen quién sabe a cuántas personas cómplices, o envidiosas del hombre o mujer de éxito a quien querrán imitar.
Ahora mismo, cuando hay tiendas cerradas y no se termina de lograr que funcione bien el mercado electrónico promovido estatalmente para prevenir plagas como los precios adulterados y —en las actuales circunstancias— contribuir al distanciamiento sanitario, suceden horrores: uno de ellos radica en el deficiente funcionamiento de ese mercado, que algunos parece que intentan hacer fracasar para seguir medrando con estafas al cliente; otro —que prospera y rebasa con creces al traficante que hace colas para revender pedazos de pollo— es un mercado electrónico ilícito, delincuencial, en que a precios exorbitantes se comercializa, como quien dice, todo: alimentos, materiales para la construcción, artículos de aseo, cosméticos, electrodomésticos para el hogar…
¿De dónde sale tanta mercancía? De redomas maravillosas manejadas por magos no será. De actos delictivos de distintos rangos sí puede salir. Las vías de promoción y de compra en ese mercado supuestamente clandestino son las redes sociales y la telefonía. Por mucho camuflaje que sus protagonistas busquen —aunque no parece que se esmeren en eso—, será posible descubrir la cadena y todos sus eslabones, ¡todos!
De esas formas de privatización le urge a Cuba librarse para que su economía le permita mantener logros de la mayor importancia: empezando por un funcionamiento cotidiano amable para el pueblo, con el adecuado equilibrio entre costo de la vida y salarios, de modo que cada vez sean menos quienes opten por emigrar o por cambios laborales que también tienen un alto costo para la nación. Asimismo se necesitan bienes suficientes en la ardua vida cotidiana, y para que la ciudadanía pueda cumplir —sin arriesgarse en colas y aglomeraciones— las normas indispensables en el enfrentamiento de la COVID.
Esos bienes son también necesarios para que el país no dependa de importaciones y pueda cerrar a tiempo sus fronteras, y hasta antes de tiempo, si surgieran nuevas amenazas epidemiológicas, nada descartables. “En prever está todo el arte de salvar”, escribió José Martí en “La lección de un viaje”, del Patria del 23 de septiembre de 1893. La experiencia de una pandemia es un tramo —particularmente doloroso, pero un tramo al fin— de otro viaje, en el que será necesario seguir previendo y viendo, y ya se ha visto. Falta actuar, y hacerlo bien. ¿No será esa la mejor manera de decir?
Imagen destacada: Ary Vincench
Doctor Toledo Sande, usted siempre pone el dedo en la llaga, y valga su cita de la proposición del hoy fallecido periodista Lázaro Barredo, como un homenaje a este gran revoluciuonario.
Excelente trabajo profesor, coincido con usted, veo muy esclarecedor sus criterios sobre el tema de la necesidad de actuar, cerrando el tema desde la perspectiva martiana, quién mejor que usted, Martiano de pura cepa!
Querido Luis Toledo Sande: Buen homenaje le has hecho a Lázaro. Seguro te lo estará agradeciendo, aunque él ni nosotros creamos en la sobrevida. Me comentó varias veces su insistencia en ese tema, y lo solo que se quedó. Se ha ido sin saber que está llegando el día en que sea escuchado su reclamo de una vez y por todas, si de verdad se quiere tomar el toro por los cuernos. Obviamente, las escenas que vemos en los noticieros y en programas como Tras la huella, solo nos dejan abierta la pregunta: ¿cómo se puede acopiar tanta mercancía? En esa cadena está también el hecho de que mucho de lo que hay en esos almacenes ilegales es fuente de abastecimiento de no pocos establecimientos visibles, abiertos, e incluso autorizados a vender tales artículos. Hay que seguir preguntando de dónde salen los productos de todo género que venden algunos -no pocos- “trabajadores por cuenta propia” en sitios que el Estado dispone para ellos. Entrecomillo ese título que ostentan porque creo que a cuenta del Estado son revendedores, no trabajadores, y ni siquiera se les podría llamar comerciantes. ¿De dónde salen las puntillas, los tomacorrientes, las lámparas led, las piezas de plomería… vendidas a precios multiplicados en varios de esos locales? Quién debe ver que son productos salidos de una industria, de un almacén, de un puerto… Esa es otra pieza del mercado sumergido, en el que están enrolados no pocos funcionarios que, como mínimo, no realizan bien su labor de controlar los bienes del país, y tampoco tienen quien los chequee y controle. Es una cadena con varios eslabones, y metros de tela por donde cortar y sanar. Gracias, Luis. Gracias, Lázaro.