El intercambio de información, muestras y datos de secuencia genética dentro de la comunidad científica internacional es fundamental para caracterizar el agente causal de la COVID-19, comprender su propagación, desarrollar diagnósticos, tratamientos antivirales y vacunas efectivas.
Sin embargo, la ausencia de una obligación legal para cumplir con tales propósitos ha determinado que la socialización de resultados sea inconsistente destacando la urgente necesidad de abordar las brechas en el derecho internacional y la gobernanza.
Este conflicto es atendido por Oportunidades de políticas para mejorar el intercambio para la investigación de pandemias, un estudio publicado en la revista Science, el 15 de mayo, en el que sus autores identificaron las principales barreras para compartir datos bajo el sistema legal internacional, y examinaron el intercambio de información de salud pública en los primeros días de la enfermedad.
Luego de que científicos chinos hicieran pública la primera secuencia genética del SARS-CoV-2 y la compartieran oficialmente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), miles de secuencias del virus se han cargado en bases de datos en línea como GenBank y la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de Influenza (GISAID), acción que ha posibilitado el rastreo de nuevas mutaciones de la enfermedad y la búsqueda de estrategias para su contención.
Todo lo contrario ha sucedido con las muestras físicas del patógeno, aislado y disponible por primera vez, después de que expertos australianos estudiaran el caso de un viajero procedente de Wuhan el 29 de enero y enviaran las muestras a la OMS y otros laboratorios.
Los principales instrumentos internacionales que rigen el acceso a los patógenos humanos se diseñaron, principalmente, para evitar la explotación de los recursos genéticos de los países con biodiversidad.
En este sentido, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, reconocen la soberanía de las partes dentro de sus fronteras, por lo cual, cada país, podría interpretar dichos acuerdos y excluir los datos de secuencia genética del nuevo coronavirus de la clasificación pública.
Science precisa que los propósitos de ambas regulaciones no están alineados con la OMS, en el acceso a muestras de patógenos provenientes de múltiples países y usuarios, pues obstaculizan los procesos con altos costos de transacción y demoras inaceptables.
Cuando el SARS-CoV-2 fue declarado pandemia el 30 de enero del presente año, el “mosaico de leyes de la gobernanza global” complejizó el acceso a muestras físicas de la enfermedad, lo que representa aún una demora significativa para los grupos científicos que estudian el virus.
La cortesía científica y las normas- enfatiza el artículo- impulsan el intercambio continuo, pero sin ninguna obligación legal de compartir es difícil inducir el intercambio formal o sancionar a aquellas naciones que eligen no hacerlo, situación que planteó problemas de acceso durante el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), el ébola y el zika.
La COVID-19 ha demostrado ejemplos positivos de intercambio rápido, pero también ha resaltado la realidad de que los países pueden no renunciar fácilmente a su soberanía sobre los recursos genéticos patógenos.
Por eso, cualquiera sea el camino elegido -concluye el informe- las autoridades de cada país podrían movilizarse para avanzar en la cooperación científica internacional fomentando la confianza y la colaboración entre proveedores y usuarios de muestras de la enfermedad.
