Independientemente de que se apruebe en Cuba un nuevo Código de las familias, que asegure el disfrute de algunos derechos de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTBI), educar a la población es lo más importante, dialogar, sostuvo Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, en una conferencia virtual a propósito del Día de lucha contra la homofobia y la transfobia.
A través de la página de Facebook de la institución, la especialista se refirió al trabajo del centro junto a sectores de la sociedad civil para conquistar todos los derechos para todas las personas.
“Tenemos un reto grandísimo, aspiraciones tremendas, pero son tan nobles todas que van a hacer a esta sociedad Revolucionaria cubana mucho más humana”, afirmó.
La directora del Cenesex, al abordar el camino recorrido para llegar a la actual Constitución, que ofrece una protección significativa y blinda los derechos de las personas LGTBI, dijo que “un proceso revolucionario no puede aceptar brechas de desigualdad e inequidad, no puede aceptar situaciones de discriminación social de otras personas por ninguna razón y, por tanto, se tiene que ocupar de resolver esta realidad”.
Pero esa transformación no ocurrirá solo por decreto ni con discursos, es cultural y se logra con “un trabajo complejo de formación, de diálogo, de investigación científica, de articulación de alianzas para poder trabajar rigurosamente en los cambios que se necesitan”, enfatizó en la presentación.
Señaló que se trata de la cultura que demanda el proceso emancipador del socialismo y resaltó que aunque queda claro que todas las metas no se alcanzarán de un año para otro, los logros alcanzados con la Carta Magna son un fruto que estimula a continuar trabajando.
Ahora se requiere de un marco jurídico específico, apuntó Castro Espín, como el tan esperado Código de las familias, el Código penal y otros. No se puede olvidar que todo derecho es resultado de un proceso de lucha, y como mismo se ganan se pueden perder, añadió.
Por ello llamó a trabajar, a hacer “desde el ejercicio del poder popular todo lo que sea posible dentro de los mecanismos democráticos, para que la población participe con su criterio, con sus ideas en la elaboración de un código (de las familias) que nos permita garantizar los derechos que ya están refrendados en la Constitución”.
