El año 2019 fue también un período de significativas transformaciones organizativas e institucionales.
La aplicación de lo dispuesto en la Constitución aprobada en febrero del pasado año conllevó un cambio sustancial en la estructura superior de dirección del Estado al separar funciones estatales de la gestión de gobierno del país. De tal modo, el presidente de la nación dejó de presidir el Consejo de Estado –aunque conserva prerrogativas en el proceso de toma de decisiones de este órgano- y se creó la figura del primer ministro, designación que fue acompañada con un nuevo Consejo de Ministros, donde se observó un nivel importante de renovación, con una presencia mayor de cuadros jóvenes. Igualmente se precisaron las funciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Por otra parte, se disolvieron las Asambleas Provinciales del Poder Popular y en su lugar se eligieron Gobernadores y Vicegobernadores a ese nivel, en tanto que se elevó el papel de los municipios -que mantuvieron las Asambleas Municipales del Poder Popular- y a nivel de ese territorio, se eligieron Intendentes a cargo de la gestión de gobierno.
Las nuevas estructuras creadas requerirán, lógicamente, un tiempo para ajustarse a los contenidos de trabajo previstos, pero en todo caso, se aprecia la voluntad dotar al país de una estructura de gobierno y poder político más funcional y colectiva.
En el ámbito de la planificación, se decidió desarrollar el proceso de conformación del plan 2020 bajo el principio de las propuestas que se elaboraran desde la base. Esta transformación –que rompe un esquema de muchos años de funcionamiento- no brindo en esta primera ocasión los frutos esperados, en tanto que muchas propuestas no se enmarcaron en la disponibilidad real de recursos de que puede disponer el país en estos momentos. Ya para la elaboración del plan 2021 bajo los mismos principios, se cuenta con algunas experiencias y con una mejor organización en un proceso de descentralización de las decisiones que deberá profundizarse y perfeccionarse, pero que apunta a un camino correcto en las transformaciones a realizar. En el 2020, que está transcurriendo, se inició la práctica de chequear públicamente los indicadores fundamentales del plan de la economía con una frecuencia mensual, lo que eleva la eficiencia del control y el nivel de información a la población.
Se produjeron también importantes modificaciones en la gestión de gobierno, con una respuesta más ágil para la atención de problemas de máxima prioridad.
En tal sentido, como ya se explicó en un trabajo anterior, se aprobó en junio un incremento del salario de los trabajadores del sector presupuestado en un monto del 68,3%, elevándose el salario medio de este sector hasta 1 067 pesos mensuales y el salario medio total del sector estatal hasta 877 pesos. Parejamente se incrementaron las pensiones de la seguridad social inferiores a 500 pesos mensuales. Este grupo de decisiones tuvo un profundo carácter político, con un impacto muy favorable en más de un millón 400 mil trabajadores y más de un millón 200 mil pensionados. Al mismo tiempo, se logró ajustar el presupuesto con un mínimo incremento del déficit fiscal al cierre del año y también con un control suficiente para que no estallara un incremento imparable de los precios minoristas.
El pasado año, en la misma medida que la agresividad del gobierno norteamericano se incrementaba, se adoptaron decisiones –desde el mes de abril- para hacer frente al bloqueo del suministro de portadores energéticos, manteniendo la actividad de la economía –no sin afectaciones-, a pesar de disponerse a partir de septiembre de un 50% del combustible necesario. En esta compleja coyuntura, se logró no trasladar a la población los cortes de electricidad, evitando así tensiones adicionales y se aprobaron 37 medidas de ahorro para atenuar los efectos de la misma.
Adicionalmente, fueron ajustándose las prioridades durante el segundo semestre con indicaciones precisas para hacer frente a las eventualidades por parte del Ministerio de Economía y Planificación.[1]
Entre esas prioridades, se decidió la venta en divisa convertible de mercancías importadas a precios competitivos a partir de octubre, de manera que esos recursos financieros comenzaran a repercutir favorablemente en la balanza de pagos –permitiendo financiar producciones nacionales para la venta también a precios competitivos- y se lograra un mayor nivel de oferta para el segmento de población con mayores ingresos.
Desde luego, en medio de las enormes tensiones que se vivieron en el 2019, muchos problemas no pudieron resolverse o no se pudo avanzar en el camino de su solución.
Entre ellos destaca no haber podido culminar las medidas que deben conducir a la reunificación monetaria y cambiaria, cuestión que es entendible si se toman en cuenta las complejidades de la medida en sí y la demanda de recursos que la misma plantea para atenuar sus impactos.
Tampoco se avanzó en la regulación del mercado en las condiciones del socialismo ante la restricción de una oferta, que demanda ingentes recursos para la importación de bienes. En este complejo proceso de regulación no se logró avanzar en medidas económicas frente a regulaciones administrativas de baja eficiencia.
En términos de la gestión cooperativa, no se avanzó en el caso de las cooperativas no agropecuarias, en las cuales se prolonga un experimento desde el 2013 sin que se autorice su expansión.
Por último, los reclamos del presidente Díaz Canel para eliminar las trabas que impiden avanzar –aun en las complejas circunstancias actuales- se reflejó en las reuniones de balance del trabajo de varios organismos en el 2019 y –en especial- en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando expresó: “… se le ha solicitado a cada organismo un “banco de trabas” para acabar de resolver muchas situaciones que hoy entorpecen el desarrollo de la nación.” Igualmente, al valorar el aumento salarial del sector presupuestado señaló: “Nos pasamos la vida discutiendo cuál era el mejor momento para hacerlo y repetíamos un discurso que no convencía a nadie. Una de las cosas que estamos llamados en el plan de 2020 es el de destrabar la economía de este país”.[2]
En síntesis, en el año 2019 la economía y la sociedad cubana navegaron por un mar de dificultades y restricciones generadas y exacerbadas mayoritariamente por el criminal bloqueo de Estados Unidos. Sin embargo, el colosal esfuerzo realizado por el país para no paralizarnos, cumplir con el pago de nuestros compromisos y romper con los obstáculos internos que nos entorpecen el trabajo es un resultado encomiable, que debe servirnos de plataforma para ser más eficientes y conscientes que solo el socialismo será capaz de llevarnos al desarrollo.
Mejorar la gestión económica en ste 2020 es un paso decisivo en ese sentido.
Febrero 26, 2020.
[1] Ver el discurso del Ministro de Economía y Planificación en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 9 de octubre del 2019.
[2] Ver “Miguel Díaz Canel: Necesitamos un Ministerio del Trabajo sin trabas” CUBADEBATE enero 18 de 2020 en www.cubadebate.cu
