Por José Luis Méndez Méndez
El año 2019, marcó un aparente descenso de los asesinatos de periodistas en los últimos 16 años. Sin embargo, los indicadores muestran otra realidad sobre la ejecución de los encargados de divulgar los acontecimientos con ética, objetividad e inmediatez.
Un elemento novedoso es, que aumentó sus muertes en países preciados de “democráticos” y en escenarios fuera de zonas de guerra, además del incremento en las detenciones, agresiones y dudosos manejos judiciales contra los profesionales de la información. Quizás el dato más alarmante es que 29 periodistas fueron muertos en zonas de paz y solo 20 en zonas de conflicto.
Informes anuales de organizaciones que siguen las noticias sobre la libertad de prensa en el mundo, registra que el pasado año fue el de menos asesinatos a periodistas desde 2003, pero también fue el año en el que aumentó el número de profesionales detenidos. Las cifras revelan una cruda realidad: 49 asesinatos, 57 secuestros y 389 periodistas entre rejas. El 63% de los homicidios se cometieron de manera deliberada, mientras que el 37% murieron en el ejercicio de su profesión.
Es positivo el registro que muestra que mientras en el 2012, las eliminaciones sumaron 143, cifra pico, que comenzó a descender hasta llegar a la centena en 2016 y continuar en el declive alentador en el último año de la pasada década, con las aclaraciones ya realizadas.
Pero América Latina, declarada Zona de Paz en el 2014, se ha convertido en “letal” para la prensa, del total reconocido 14 periodistas fueron ultimados en la región, pero diez casos más aún son investigados en Chile, Honduras y Brasil, lo cual podría aumentar la cifra de fallecidos. Quienes siguen de cerca el desempeño de la prensa han expresado que la región es «particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información».
Los encarcelamientos aumentan y los secuestros se incrementan. La cifra de periodistas detenidos va en aumento en los últimos años. En 2019, alcanzó los 389 reporteros entre rejas, un 12% más que en 2018, se ignora, además, a los periodistas detenidos arbitrariamente durante unas horas, días o incluso semanas, aquellos que también son víctimas de secuestros “exprés” dirigidos a la intimidación de ellos para que cesen en sus denuncias, como advertencia de represalias que podrían sufrir de no interrumpir su labor. Un estimado no conclusivo afirma que 57 periodistas siguen secuestrados en el mundo. Otro método empleado para amordazarlos es forzarlos al exilio para escapar de procesos judiciales abusivos.
Un ejemplo cercano es el golpe de Estado en Bolivia en noviembre pasado, cuando dos profesionales de la prensa de origen argentino fueron atacados, uno de ellos Sebastián Moro, apareció inconsciente, agonizante en su apartamento, días después murió en un hospital. Se declaró que su deceso fue debido a un ACV Isquémico pero su cuerpo presentaba golpes contundentes. Además, en su casa no se encontraron un cuaderno, un grabador ni el chaleco de periodista, evidentemente había sido “limpiado” de toda evidencia, que explicara lo sucedido y el hecho sugería una ejecución extrajudicial.
Un día antes de que se consumara el golpe de Estado en Bolivia, cuando ya la realidad boliviana era convulsa y los grupos paramilitares habían comenzado puntualmente a actuar contra los funcionarios del gobierno de Evo Morales y sus familiares, se había perdido todo contacto con Moro.
Antes de cualquier hipótesis, su familia no duda en que Moro representaba un “enemigo” por parte de los grupos violentos que ya en las calles promovía el asalto golpista. Es que el periodista argentino se desempeñaba como redactor en el periódico Prensa Rural, perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), un medio claramente afín al gobierno legítimo a derrocar.
Tan solo el día anterior, el director de la radio Comunidad perteneciente a esa Confederación campesina, José Aramayo, había sido secuestrado, atado a un árbol y humillado por parte de cuadrillas que desataron el horror en las calles bolivianas. Esa mañana, Sebastián ya había advertido que la situación comenzaba a ser de pleno hostigamiento para la prensa, por lo que decidió trabajar desde su casa para difundir para la comunidad indígena y campesina de ese país, blancos priorizados de los racistas golpistas para ser reprimidos.
El otro, Facundo Morales Schoenfeld, agoniza en medio de precarias atenciones médicas y acusado de un grupo exorbitante de delitos fabricados por las autoridades golpistas, que desataron desde el mismo día del zarpazo castrense una férrea “ley mordaza” para ocultar lo que aconteció inmediatamente después del siniestro 10 de noviembre, cuando hordas paramilitares, policías y soldados masacraron al pueblo boliviano, quemaron viviendas e instituciones para instalarse en el poder a sangre y fuego, además de culpar a los gobernantes depuestos y a dirigentes políticos opositores del desorden generalizado aprovechado para consolidarse en el mando.
Emisoras comunitarias fueron silenciadas por la fuerza para impedir que denunciaran los desmanes en zonas indígenas y que transmitieran las noticias en lenguas locales. Varias autoridades de países latinoamericanos, se unieron al reclamo de reconocer la violencia contra la prensa que se produjo después del golpe militar. En particular el gobierno saliente de Argentina solicitó a las autoridades en ejercicio del poder en Bolivia velar por la seguridad e integridad física de los medios argentinos presentes en territorio boliviano, trabajando en la cobertura de los sucesos que son de público conocimiento. El entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, informó que la prensa agredida ya se encontraba en dicha sede diplomática, recibiendo protección. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a 180 empresas mediáticas, repudió «las agresiones y amenazas» a los equipos periodísticos argentinos de los canales de televisión A24, Crónica TV, Telefé y Todo Noticias, quienes fueron sometidos brutalmente por los grupos militares encargados de reprimir.
El caso del reportero gráfico argentino Molares Schoenfeld, parece ser un claro ejemplo de la violencia desmedida ejercidita por los golpistas bolivianos. Molares llegó a Bolivia como corresponsal de la revista Centenario de Argentina, para registrar desde su lente los acontecimientos, que se producirían ante el triunfo electoral de Evo Morales, amenazado con ser desconocido por la oposición desde el mismo 20 de octubre. Gran parte de la prensa extranjera que dio cobertura a las elecciones generales, visto el clima de tensión existente en el país, decidió quedarse unos días más. Molares Shoenfeld entre ellos. Fue brutalmente agredido y despojado de sus medios de trabajo para ser internado con detención preventiva al penal de Palmasola, después de ser detenido el 12 de noviembre en Yacapaní, con graves heridas, que llegaron a colocarlo en el estado clínico de coma inducido, para ser indagado, según informó el fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Mirael Salguero Palma.
De inmediato se le fabricaron desmedidos cargos, difíciles de demostrar por las circunstancias en que supuestamente se produjeron los hechos a los cuales se le vincula, entre otros de homicidio, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir por su supuesta participación en sucesos ocurridos en la zona del Puente de La Amistad y en el barrio Cofadena del municipio de Montero, Santa Cruz. Todo esto es un gran montaje para justificar más represión.
Para enturbiar y farsear su real desempeño como reportero gráfico en Bolivia, los acusadores apelaron a los antecedentes políticos de Molares en Colombia, donde perteneció a estructuras ya disueltas de grupos armados que pasaron a insertarse en la sociedad colombiana como resultado de los Acuerdos de Paz, refrendados nacional e internacionalmente en ese país. Se precisó, que se sumó al proceso pacificador y se retiró antes de culminar este, en el 2017, de manera que no tenía, dos años después, ningún nexo activo con las disueltas guerrillas colombianas, tampoco tiene deudas pendientes con la justicia colombiana. Estaba en el ejercicio pleno de su oficio como corresponsal.
A pesar de su delicado estado de salud, trauma encéfalo craneal de gravedad y contrario a la opinión de los médicos que lo asistieron en el Hospital Japonés, cuando ingresó el 12 de noviembre, además, por problemas renales y respiratorios que obligaron a entubarlo, las represores ordenaron su traslado para el temible penal de Palmasola, ubicado en Santa Cruz, calificado como el más peligroso de Bolivia, donde se hacina el 36 por ciento de los presos, diseñado para 800 internos, acumula más de 4 000 en condiciones infrahumanas, con total aislamiento, donde son frecuentes los motines y enfrentamientos entre grupos rivales. El más reciente, produjo seis presos fallecidos y decenas de heridos. Después, el 6 de diciembre de 2019, lo trasladan a otra similar, la de Chonchocoro, situado a 4 mil metros de altura y con temperaturas extremas, aquejado de pulmonía.
Las autoridades de facto buscan explicar la represión que ejercen y para ello tejen historias como la hilvanada contra Molares, quien según su padre Hugo Molares, juez de Paz de Trevelin, provincia de Chubut, Argentina, es un gran ser humano, sin preocupaciones materiales y siempre preocupado por el bien de los demás.
Sus antecedentes laborales lo señalan como perito forestal, amante de la escritura y profesional de la fotografía, con plena identificación política de la realidad latinoamericana, comprometido con su profesión periodística, que realizaba cuando fue agredido.
Los usurpadores del poder en Bolivia, están acorralados, no podrán demostrar los delitos contra Molares, las mentiras que justifican su ilegal encierro se escurrirán ante la llegada de la verdad de sus desmanes. La vida de esta periodista argentino corre peligro, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las protectoras del libre ejercicio de la prensa, están conminadas a evitar un nuevo asesinato que acalle la realidad del caso Facundo, que concita a la solidaridad mundial, más allá de la “ley mordaza”, que los defraudadores persisten en mantener.
