Cuando Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue acusado el año pasado por el gobierno de Donald Trump por la publicación de documentos secretos del gobierno estadounidense casi una década antes, muchos periodistas manifestaron una profunda preocupación por el peligroso precedente que el caso podría sentar para el periodismo de investigación en Estados Unidos.
Sin embargo, pocos parecieron considerar que el caso también podría servir como ejemplo para otras naciones dispuestas a frenar la libertad de prensa.
El martes 21 de enero, Glenn Greenwald —un periodista estadounidense que reside y trabaja en Brasil—, fue acusado de cometer delitos cibernéticos por una serie de reportajes en los que se publicaron mensajes privados entre funcionarios brasileños que revelaron corrupción y abusos en los más altos niveles del gobierno de Brasil. Los fiscales brasileños que presentaron la demanda penal afirmaron que Greenwald formaba parte de una organización delictuosa que intervenía los teléfonos celulares de funcionarios gubernamentales. El periodista ha negado los cargos (una aclaración: Greenwald es cofundador de The Intercept, donde trabajo como reportero; yo también dirijo el Fondo para la Defensa de la Libertad de Prensa First Look, que es parte de la organización sin fines de lucro de la que forma parte The Intercept).
El caso contra Greenwald es siniestramente similar al caso contra Assange del gobierno de Trump. En abril de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Assange de ayudar a una fuente —Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del ejército—, a obtener acceso a la base de datos computarizada del ejército estadounidense. En mayo de 2019, los cargos en su contra se ampliaron y fue acusado formalmente conforme a la Ley de Espionaje por la publicación en WikiLeaks de documentos militares y diplomáticos del país.
Esta estrategia frontal da al gobierno una enorme ventaja sobre los periodistas y, en Estados Unidos, proporciona una manera de evadir las preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda. Si estos casos se vuelven modelos para los fiscales en Estados Unidos y otras naciones los copian, casi todo periodista de investigación acabará siendo susceptible de ser acusado y encarcelado.
Tanto el gobierno de Trump como el de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, parecen haber decidido experimentar con esas tácticas draconianas contra la prensa poniéndolas a prueba con figuras que les resultan molestas.
De hecho, en el momento de su acusación formal el año pasado, ya había un debate dentro de los medios sobre si debería considerarse periodista a Assange.
