John Bolton, hombre sanguíneo e irritable, debió tener una rabieta el lunes 9 de septiembre en la noche, cuando discutió con Atila Trump y supo, en ese instante en que se cruzan las miradas de dos fieras, que perdería el cargo de Asesor de Seguridad Nacional. Decidió activar por su cuenta la bomba número uno de un plan que debe estar diseñado hasta el más mínimo detalle desde hace tiempo: desconectar a cientos de cuentas en Twitter de instituciones y ciudadanos cubanos y del mundo que en algún momento coincidieron con opiniones del gobierno del Presidente Miguel Díaz Canel o hicieron alguna señal amigable hacia el archipiélago caribeño.
La prueba de que no se trata de la eficiencia de los robots anti-spam de Twitter, sino de las garras de Bolton y la comunidad de inteligencia, es la ausencia de patrones técnicos comunes en los contenidos y acciones de los usuarios sancionados, a diferencia de lo que ha dicho un funcionario de la compañía. De acuerdo con la plataforma, los titulares de las cuentas suspendidas infringieron las normas de Twitter “amplificando artificialmente las conversaciones, usando varias cuentas idénticas y con contenido similar”.
Ese argumento es insostenible de acuerdo con la evidencia empírica. Decenas de estudios recientes sobre la conversación social, particularmente durante elecciones o momentos de tensión noticiosa, muestran que solo el 20 por ciento de los contenidos en la plataforma son originales. Todo lo demás es “me gusta” y “retuits” o, si prefiere la compañía, “amplificación de conversaciones”. Es un comportamiento típico de Internet, donde el 1 por ciento de los usuarios produce el 50 por ciento de los contenidos.
La densidad de las relaciones depende del número de ciudadanos de una comunidad que tenga presencia en la red social. Solo el 3,3 por ciento de los cubanos que acceden a Internet está en Twitter, por lo que no es difícil comprender que la mayoría de los que convivíamos allí nos conocemos o en algún momento hemos compartido enlaces, a diferencia de países de mayor población y con por cientos de usuarios en la plataforma mucho más altos, donde la probabilidad de interacción entre todos los conciudadanos es menor.
Una revisión de la caché o copia que almacena Google de cuentas registradas desde Cuba, ahora censuradas, desmiente la acusación de Twitter de que se haya violado esta política interna de “amplificación artificial de las conversaciones”. Twitter, además, no ha presentado pruebas de tal cosa, porque tendría que demostrar que es un delito replicar orgánicamente a otros y, por tanto, estarían en falta los 320 millones de usuarios activos de la compañía, incluido su propio CEO Jack Dorsey, que rara vez entabla conversación con otros desde su perfil.
Sin embargo, no hay que ser experto para descubrir que las granjas de trolls y de robots organizados para el zafarrancho de combate y el ataque contra figuras públicas o ideas de izquierda, gozan de perfecta salud en la tuitersfera, aunque violen no una, sino el paquete completo de reglas impuestas por los administradores de la plataforma. La discrecionalidad de Twitter es perturbadora. Investigadores estadounidenses han demostrado que campañas de fake news muy potentes tuvieron su punto de origen en Estados Unidos -durante las elecciones de 2016 y más recientemente contra Venezuela, por ejemplo-, pero no es el gobierno de Trump el que suele estar en la picota, sino los de Rusia, Irán y China, acusados sistemáticamente de usar este canal para la propaganda.
El 5 de septiembre pasado publiqué en mi cuenta personal @elizalderosa varias capturas de pantalla con cadenas de bots que repetían miles de veces los mismos mensajes y etiquetas, como si se hubiera dislocado la fuente algorítmica original y convirtieran a los falsos usuarios en insoportables discos rallados. Lo descubrí casualmente, porque uno de los nombres que utilizó el robot para el retuiteo masivo era el mío.
Pregunté entonces a la plataforma si sus filtros anti-spam no lograban ver lo que era una evidente operación de intoxicación informativa. Cinco días después cerraron mi cuenta y la de otros 400 perfiles, entre ellos la de los medios más populares en el país como Cubadebate y Granma.
Sin embargo, habría que concederle a la transnacional el beneficio de la duda. No creo que Twitter estuviera al tanto de la operación, que parece más el juego sucio de una agencia de inteligencia que el de una empresa altamente lucrativa que se beneficia de recopilar la información de personas e instituciones reales, a las que les da el acceso gratis para monetizar los datos de sus usuarios.
Los afectados por la medida fueron seleccionados deliberadamente. El patrón común para todos los sancionados es político. No se saltan una regla que un algoritmo férreo puede detectar, ni siquiera aquellos muy entrenados para reconocer por emociones y claves semánticas a todos los partidarios de la Revolución cubana en Twitter. Hay nombres e instituciones en una lista que fueron intervenidos con técnicas de francotirador una hora antes de la comparecencia en televisión del Presidente Miguel Díaz Canel, el 11 de septiembre de 2019. Seleccionaron quirúrgicamente el momento y los perfiles para censurar la información, limitar su alcance y lanzar una advertencia al gobierno cubano, que está en pleno representado y muy activo en la plataforma.
El mensaje es simple y directo: “Este es mi patio y cuando me dé la gana los bloqueo.” Típico de un sociópata como Bolton.
Como puede ver cualquier curioso que busque en la caché de Google, la cuenta Rosa Miriam Elizalde no “amplifica conversaciones”:
