En enero del 2007 fui a Quito como enviada especial de Granma a cubrir la toma de posesión de Rafael Correa. Días antes de la partida exploré toda la prensa ecuatoriana en su versión digital para conocer los últimos o más importantes datos y circunstancias de posible utilidad al sustanciar mis trabajos. Me encontré una cerrada oposición de los medios hacia quien iba a dirigir el país durante los cuatro años siguientes y, a los postres, durante 3 mandatos, trascendiendo como el mandatario con mayor tiempo en el poder de forma continua. Algo notable y más si se tiene en cuenta la extraordinaria inestabilidad institucional sufrida con efímeros presidentes anteriores, sacados del poder tras enormes protestas ciudadanas.
De haberse presentado a un cuarto período, como le solicitaron grupos juveniles y otros segmentos de la sociedad, casi seguro, habría obtenido de nuevo la mayoría. Sin embargo, hizo campaña, pero en favor de Lenin Moreno, hipotético continuador de una obra que, entre distintos logros sociales, redujo la pobreza en importante monto: del 36,7% en 2007 al 22,5% en 2014. Así lo consigna el Banco Mundial, entidad financiera nada sospechosa de ser progresista.
Para los informadores y columnistas ecuatorianos, salvo las siempre dignas excepciones, Correa no poseía ninguna virtud, pese a que como ministro de economía (en el 2005) propuso que las ganancias excedentes por la venta de petróleo, se destinaran a mejorar los sectores de la salud y la educación y no, como venía ocurriendo, se usaran como pago anticipado de la deuda externa, a través de mecanismos que permitieron pasar altas sumas hacia privilegiados bolsillos.
La reacción anti-Correa de aquellos medios (hoy también se hacen eco de cuanto bulo es posible para manchar su meritorio trayecto), es análoga a la empleada en otras naciones debido a motivos parecidos. Recordaba la experiencia ecuatoriana al leer el artículo del director de la revista chilena Punto Final, Manuel Cabieses Donoso, quien en reciente artículo sobre Venezuela expuso:
“La historia no conoce otra “dictadura” tan particular como la de Venezuela. La oposición cuenta con más de una decena de partidos legales, posee numerosos medios de comunicación escritos y audiovisuales, controla la Asamblea Nacional, convoca a manifestaciones públicas cuando le da la gana, recibe cuantioso financiamiento extranjero y goza del derecho constitucional -que no ejerce- de revocar el mandato presidencial mediante un plebiscito”.
La referencia se remite al parcializado informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que con aproximaciones, o desnuda y obvia repetición, hace coro a la campaña mediática contra el país bolivariano.
Entre los diversos aspectos susceptibles de ser citados por la mañosa corriente, es imprescindible citar lo referido a valoraciones torcidas sobre una realidad compleja, sin duda, pero de la cual solo se toman nociones objetoras y, entre ellas, las referidas a la emigración venezolana. Continuamente se plantean cifras sobre la cantidad de personas que salen del país, y, cierto, no son pocas, pero se formula sin indicar los principales motivos que no dependen del estado chavista, y sí de agentes externos con políticas arbitrarias en exceso.
De acuerdo con datos públicos, Colombia ha tenido el infausto primer lugar de toda Sudamérica, en lo que a salida de sus pobladores hacia distintos destinos se refiere. Cerca de 5 millones de ellos se desplazaron hacia otras naciones (EE.UU., España) debido a los altos niveles de violencia provocados por el crimen organizado propio del narcotráfico, u otros factores. El paramilitarismo y la guerra civil interna, se añadieron a los restantes motivos para la pobreza extrema y razones para tan significativo porcentaje de personas viviendo en el exterior.
Paradojas u olvido intencionado: desde los años 50, con un pico máximo en los 70 y sin cesar en años sucesivos, se desplazaron hacia Venezuela gran cantidad de colombianos necesitados de buscar otros horizontes, llegando a constituirse en la mayoría de extranjeros allí radicados de forma permanente o dejando descendencia. Fueron entre 2 y 3 millones de personas, pero el ingreso a la inversa ahora, le parece elevado al gobierno de Iván Duque y a los oligarcas de los medios masivos de comunicación, gracias al indecoroso maridaje de uno y otra con las políticas de la administración norteamericana a la cual le parece bien que se asesine a ex guerrilleros y activistas populares sociales, o se esté convirtiendo en polvo el acuerdo de paz entre guerrilla y estado.
Lamentable papel de una prensa apegada solo a una versión, o en categoría de cómplice dentro de esquemas parcializados y poco honestos.
Excelente comentario sobre la situación en Ecuador y en otros países latinoamericanos de la analista y politóloga internacional Elsa Claro