El pueblo cubano dijo el domingo la última palabra y ya tenemos una nueva Ley de leyes, que entrará en vigor cuando se publique en la Gaceta Oficial de la República y en la que permanecen los principios fundacionales de la actual a la vez que quedan anclados constitucionalmente los postulados que son imprescindibles ante las nuevas realidades.
Quedan atrás los tejes y manejes de la propaganda anticubana, las maniobras mediáticas en las redes sociales para intentar confundir al electorado del país, las amenazas, las sutiles y engañosas manipulaciones del concepto de libertad, intentos todos derrotados por la voluntad nacional de actuar cohesionados, unidos en la diversidad, en la construcción de un país mejor. Y aquí el adjetivo “mejor” no se medirá por los parámetros del consumismo y la estética adocenada impuestos por el desenfreno del capitalismo tardío, sino por lo que los cubanos consideremos hoy y en cada momento en lo adelante los de una sociedad próspera y sostenible.
Claro que sería ingenuo pensar que las maniobras mediáticas y políticas contra el socialismo cubano cesarán o disminuirán. Continuarán procurando socavar los sólidos niveles de cohesión demostrados en la votación del pasado domingo 24 de febrero. No cabe duda que el referendo fue un ejercicio efectivo de pluralismo político, en el cual una indiscutible mayoría ciudadana confirmó la orientación socialista de la construcción social.
No son pocos y sí fundamentales los principios de construcción social que el pueblo ha ratificado y que responden a la tradición política más profunda, dilatada y sostenida en la historia de la Nación cubana y ahora renovada: la de la revolución socialista: la independencia y soberanía nacional, el antiimperialismo, el ser humano en el centro del sistema, la solidaridad, el reconocimiento de los derechos y garantías individuales y colectivos, la justicia social, la orientación socialista de la construcción social, el ideal comunista que permite no equivocar el rumbo estratégico, la planificación, la subordinación del mercado a los intereses de toda la sociedad, las políticas sociales, la distribución socialista, el papel del Partido y del Estado -frutos y partes del todo social-, el papel de los medios de comunicación social en el devenir democrático del país, el derecho a la información, el control social, la participación ciudadana, y otros hoy anclados constitucionalmente por el voto ciudadano.
La ciudadanía ratificó también con el Sí a la Constitución el rumbo económico trazado por la Conceptualización y los Lineamientos, cuyas pautas son consideradas en el país imprescindibles para producir más y mejor, y con ello la aceptación de los desafíos que representan para una equilibrada regulación del mercado y de la propiedad privada que viabilice el crecimiento y el desarrollo con justicia social, y para su adecuada asimilación en la cotidianidad ciudadana.
Como en anteriores procesos electorales en la sociedad cubana posterior al triunfo de la revolución, los resultados han sido transparentes. La evidencia la proporcionan los propios números que informan de una, si bien menor, también desacostumbrada proporción de ciudadanos que por diferentes causas no aprobaron la política de la revolución.
Tengo la impresión que ese comportamiento en no pocos casos no tenía que ver con el grado de identificación con los principios arriba señalados, sino que fueron expresión de cansancio, descreimiento, o una manera de hacer ver el descontento con la lentitud en verse resultados en los diferentes ámbitos de la vida social, en el económico, el comunicacional, etc. Este ángulo del análisis podría estar revelando las potencialidades mayores de participación popular a medida que se logre superar las trabas burocráticas y se gane en eficacia.
De lo que no hay duda es que el proceso que condujo al texto votado no fue formal. Tampoco se puede afirmar que a partir de la presentación al país del anteproyecto aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y sometido a criterio de la población se haya logrado un conocimiento cabal de la Constitución por parte de la ciudadanía. Pero es indiscutible que nunca antes la sociedad cubana había aprendido tanto del significado de una Carta Magna. Nunca antes los medios de comunicación habían socializado un proceso político del modo conque lo hicieron esta vez transparentando los más disímiles criterios y propuestas, nunca antes un asunto jurídico-político había sido tan explicado, argumentado, analizado con la profundidad con la que se hizo en esta ocasión.
La impresión de millones de ejemplares del texto definitivo de la nueva Constitución equitativamente distribuidos en todo el país, su inserción en los medios digitales y sucesivos programas para explicar los cambios generados por el debate popular, aportaron más argumentos que enriquecieron la visión del elector y sus convicciones a la hora de decidir.
Cuba ya tiene una nueva Constitución, y ello debe ser un punto de partida para continuar ininterrumpidamente la pedagogía revolucionaria que se desplegó para su aprobación, ahora para su aplicación, no solo en lo tocante al propio texto constitucional, a las leyes nuevas que hay que incorporar al entramado jurídico-normativo de la sociedad cubana y a las que hay que modificar, sino en todo el devenir nacional en lo adelante.
La votación demostró una realidad incontrastable: el sólido respaldo al texto de Carta Magna que otorgó la indiscutible mayoría de la población adulta que acudió masivamente a la convocatoria hecha por el Estado revolucionario, algo de lo cual no hay que asombrarse.
Fue una votación en la que no predominaron los prejuicios, sino los argumentos. Durante el debate libre y consciente de millones de cubanos adultos que ejercieron su derecho civil y político a participar en los asuntos del país las intervenciones demostraron la preocupación del electorado cubano por tan importante asunto público, a la vez que los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional tuvieron en cuenta y plasmaron numerosas propuestas hechas por la ciudadanía en esos debates, modificando sustancialmente el texto constitucional antes de ser sometido a referendo.
De un modo u otro la población apreció que la Constitución era una elaboración colectiva, reflejo del consenso nacional y eso tanto quienes dieron el Sí, como quienes no la aprobaron, dejaron la boleta en blanco, la anularon o no fueron a votar.
La aprobación del texto de la nueva ley de leyes demostró la cultura política de las inmensa mayoría de la ciudadanía que sabe en qué consiste una verdadera democracia, perfectible como toda obra humana; que no se deja engañar por los cantos de sirena de la “varita mágica” del pluripartidismo que la reduce a procesos electorales como si votar fuera la quintaesencia de la democracia dejando solapadas las maniobras manipuladoras de elecciones regidas por el dinero y el clientelismo, cuando la quintaesencia de la democracia es la participación ciudadana, el empoderamiento de la sociedad, el derecho efectivo a decidir, el voto libre y consciente de la ciudadanía.
La votación sinceró otra realidad: que existe un segmento de la sociedad que no la aprobó y que obviamente abre un conjunto de posibles factores causales que lo expliquen: desde no estar de acuerdo con el rumbo socialista, con la tradición política revolucionaria, pasando por algún que otro contenido que no se comparte por un asunto de principios y criterios personales, hasta un comportamiento perezoso, marginal o anómico.
La lectura no es en blanco y negro. También entre quienes la aprobaron hay una amplia gama de matices en lo tocante al conocimiento de los contenidos y a la identificación con estos.
Pero unos y otros en lo adelante están igualmente obligados a regirse por ella.
El análisis de la votación rebasa con mucho el hecho real del peso cuantitativo del Sí, y no se agota suponiendo que en lo adelante quienes no la aprobaron dejarán de pensar, sentir y reaccionar del modo que lo hacen. Unos y otros son ciudadanos cubanos y el Estado socialista de Derecho está en el deber de aceptarlos y protegerlos a todos. Eso significa el reconocimiento del disenso, realidad inseparable del consenso alcanzado.
Los resultados del referendo son ahora de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad, su aprobación por el voto mayoritario expresó el mayor derecho, pero en modo alguno coloca en situación de ciudadanos de segunda clase a quienes no la aprobaron sean cuales fueren sus razones. Cuando se dice Estado socialista de Derecho, se está hablando de los derechos y deberes de todos los ciudadanos cubanos.
El pluralismo político revelado a lo largo del proceso de debate, nueva redacción y finalmente aprobación de la nueva Constitución está evidenciando realidades del país, criterios y enfoques sociales, económicos y políticos diversos de la ciudadanía, cuya transparencia contribuyó a mostrar la rica subjetividad que existe hoy en Cuba, y cuyo conocimiento en lo adelante ayudará más a mejorar la vida social en todos los órdenes y a una mejor democracia socialista.
Y en eso de reconocer el disenso tenemos aún mucho que aprender. No me refiero simplemente al disenso que propende a la restauración del capitalismo dependiente en Cuba y en modo alguno al que responde a los intereses del imperialismo norteamericano, sino a las numerosas formas de disenso que tienen que ver con opiniones y criterios que divergen de las más diversas políticas, acciones, prácticas, decisiones que se producen en la cotidianidad, sea en un barrio, una escuela, una entidad económica, un ministerio, un municipio, una provincia, o a escala nacional, discrepancias dentro de los derechos constitucionales que no suelen ser reconocidas ni tener la evidencia pública que merecen.
La sociedad moderna a la que aspiramos a partir de lo refrendado por el voto ciudadano, requiere la modernización también de los métodos, estilos y comportamientos administrativos y políticos, así como un mejor balance en los medios de comunicación social propiedad de todo el pueblo, de esa diversidad.
El impulso dado a la educación jurídica de la ciudadanía al fragor del proceso de construcción y aprobación del nuevo texto constitucional debe convertirse en práctica permanente, debe cobrar fuerza institucional en los centros educacionales a todos los niveles y especialidades, en la prensa, en el discurso político. Hay que trabajar de un modo socialista y vivir y comportarse en correspondencia con el modelo socialista al que se aspira. Ello significa también educación económica, educación laboral, educación moral, educación ideológica y política. Una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas, sentenció Fidel.
Tenemos ya una nueva Constitución, comienzan nuevos desafíos, seguimos trabajando por Cuba, continúa el diálogo.
