Por Romain Migus
Mañana 20 de mayo se celebrará la elección presidencial en Venezuela. Esta convocatoria del pueblo a las urnas será la ocasión de pedir a los ciudadanos que hagan una elección sobre el futuro de su país, de la forma más soberana y más democrática. El chavismo, conducido por Nicolás Maduro, se enfrentará a cuatro candidatos de oposición, entre ellos Henri Falcón.
El exgobernador del estado de Lara fue el director de campaña del candidato de oposición Henrique Capriles Radonski en la última elección presidencial del 2013. Es hoy el candidato de oposición mejor ubicado para intentar arrebatar el ejecutivo al presidente. Nicolás Maduro, por su parte, ahora se acredita el mayor por ciento de las intenciones de voto. Situación improbable si se atiene a las coberturas mediáticas dominantes, pero que sigue siendo perfectamente racional en el contexto venezolano, donde el chavismo conserva una fuerte base electoral.
Es por lo tanto una elección crucial que se celebrará a finales de mayo y que permitirá a los venezolanos definir el rumbo político del país para los próximos seis años. Nada nuevo para un país que cuenta con 25 procesos electorales distribuidos en los 19 años de Revolución Bolivariana. Salvo que estas elecciones tendrán lugar en medio de una terrible guerra de cuarta generación, cuya batalla de la información es uno de los ejes centrales.
Varias operaciones sicológicas ya fueron puestas en práctica desde la llegada de Hugo Chávez al poder. La última tuvo como objetivo lograr la aceptación en la opinión pública internacional de un cambio de régimen por la fuerza tras la elección de una Asamblea Constituyente, el 30 de julio del 2017. Ante la increíble movilización de los electores venezolanos a favor del proyecto de nueva constitución, este objetivo debió abortarse. Pero ha causado grandes perjuicios, y la propaganda desplegada en ese momento consiguió hacer admitir como verídicas toda una serie de matrices de opinión falsas. Es a partir de este terreno fértil que el sistema mediático se prepara de nuevo para tratar de hacernos aceptar como lógica una intervención antidemocrática contra el Gobierno de Venezuela.
Este escenario no debe ser tomado a la ligera. Nunca la posibilidad de un ataque militar había sido tan propicia como en la actualidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo excluyó. Tras el fiasco de la intervención en Siria, un derrocamiento del Gobierno bolivariano podría realzar el prestigio militar de Estados Unidos en lo que considera como su feudo.
Ahora le toca al sistema mediático convencer a la opinión pública de la pertinencia de una intervención. Hasta la próxima elección presidencial, asistiremos a un acoso destinado por una parte a deslegitimar el alcance democrático del proceso electoral, y por otra parte a crear en la opinión pública un dejar hacer en caso de intervención extranjera.
UNA INTERVENCIÓN PARA RESTABLECER LA «DEMOCRACIA»
En mayo del 2016, algunos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas, un proceso de diálogo entre el chavismo y sus opositores comenzó en República Dominicana.Esta serie de 150 reuniones tenía como objetivo sacar al país política y pacíficamente de la crisis política provocada por los intentos violentos de la oposición para derrocar al presidente Maduro.
En enero del 2018 parecía haberse encontrado un acuerdo con respecto a una vieja cantinela de Estados Unidos y sus aliados venezolanos: la convocatoria a una elección presidencial anticipada. El acuerdo se refería a las garantías electorales y la fecha de la elección, inicialmente prevista para abril.
Sin embargo, como señala Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de la Comisión de diálogo para el Gobierno, «Todo estaba listo [para la firma del acuerdo] hasta el escritorio donde debíamos hacer nuestras declaraciones oficiales. Y luego, en la tarde, Julio Borges, el expresidente de derecha de la Asamblea Nacional, recibió una llamada telefónica de Colombia del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson (…) La oposición anunció que no firmaría el acuerdo y decidió entonces boicotear la elección para hacer creer que Nicolás Maduro se presentaba solo en la carrera al Palacio de Miraflores.
Así, Estados Unidos, los países latinoamericanos miembros del grupo de Lima, el Reino de España o la República Francesa anunciaron que no reconocerán los resultados de la próxima elección presidencial.
En Venezuela, para evitar los fraudes, las elecciones no son organizadas por el ejecutivo. La Constitución de 1999, que reconoce la existencia de cinco poderes independientes –el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el moral y el poder electoral– deja a este último la tarea de organizar los procesos electorales. Este marco legal, adoptado en el 2009, permitió la elección de Henrique Capriles como gobernador del potente estado de Miranda (dos veces), reconoció la elección de Antonio Ledezma como alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas o también la de Julio Borges como diputado a la Asamblea Nacional, resultados que nunca imputaron.
Las garantías para blindar el resultado electoral en Venezuela condujeron al expresidente estadounidense Jimmy Carter a definir el sistema electoral venezolano como «el mejor del mundo». Son los mismos procedimientos que definirán el voto de la elección presidencial este 20 de mayo.
Como todo parece indicar que Nicolás Maduro debería ganar la elección, el no reconocimiento del carácter democrático de esta elección por los medios tiene como objetivo legitimar una intervención extranjera.
UNA INTERVENCIÓN CONTRA UN «ESTADO CANALLA O FALLIDO»
La palabra fue pronunciada varias veces por el Vicepresidente de Estados Unidos. El Estado venezolano sería fallido o incluso un Estado canalla. Según los servicios de propaganda estadounidenses y sus correas de transmisión mediáticas, Venezuela ya no contaría con un sistema institucional que funcione, sino que dependería de la buena voluntad de un dictador y de una milicia que garantizaría su protección y su permanencia en el poder. El año 2017 dio lugar a varias construcciones mediáticas en torno a este tema.
Tras la elección legislativa del 2015, en la que la oposición ganó 112 de los 167 escaños, una denuncia por fraude fue presentada en tres circunscripciones del estado de Amazonas. Ante la negativa del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, de no respetar la sentencia del poder electoral al respecto, como lo estipula la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló y declaró a la Asamblea Nacional en situación de desacato judicial.
A pesar de que esa decisión respetó el hilo constitucional, los medios internacionales propagaron la idea de que las instituciones no funcionaban en Venezuela y que el presidente Maduro había acaparado todos los poderes silenciando una Asamblea contradictoria. Este conflicto jurídico se duplicó rápidamente con un intento de golpe de Estado fallido. De marzo a julio del 2017, violentos enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden dejaron más de 140 muertos y más de 800 heridos. Inmediatamente, una campaña mediática se puso en movimiento.
La elección de la Asamblea Constituyente y las elecciones locales posteriores permitieron un retorno a la calma, pero la propaganda de los medios, manipulados por las empresas de comunicación, ha continuado su camino con la idea de un Estado fallido, donde las instituciones no funcionan.
La creación ilegal de instituciones judiciales paralelas como el llamado «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio», designado por una Asamblea Nacional, cuyas decisiones se consideran nulas y la presentación de una situación de ingobernabilidad artificial, intentan justificar la intervención de países que no reconocerían los verdaderos poderes legales existentes, preludio de aventuras militares como lo fue el caso en Libia y Siria. Lo que parece una mala broma se inscribe en esta estrategia de hacer pasar a Venezuela por un Estado fallido.
PONER NUESTROS CEREBROS EN ESTADO DE ALERTA
La situación actual en Venezuela es explosiva (…) La presión mediática va a intensificarse. Este desbocamiento se realizará a las cuatro esquinas del planeta, al mismo tiempo, con los mismos argumentos, y sobre todo con las mismas fuentes de información. El desencadenamiento de fake news que se anuncia en la elección presidencial en Venezuela –que, recordémoslo, no será reconocida por ciertos países– tendrá por objetivo provocar un choque en la opinión pública, y así impedir toda manifestación de solidaridad.
(Tomado de Telesur)
