Dos frases: una se ha repetido incesantemente desde hace más de una década: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; otra aún no se ha publicado lo suficiente: el 90% de los ataques contra periodistas que se denuncian el Estado mexicano los deja en la impunidad. Ambas frases están incluidas en el Informe anual de la relatoría especial para la libertad de expresión 2017 elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que da cuenta de que en la nación que dirige Enrique Peña Nieto se han fortalecido los mecanismos para acallar a la prensa.
El tamaño de la crisis mexicana se dimensiona en el informe que registra el estado de la prensa en América Latina. De los 22 periodistas o trabajadores de medios de comunicación asesinados en la región el año pasado, 12 casos ocurrieron en México. El informe no alcanzó a registrar el homicidio 13 de ese año, el de Gumaro Pérez, ocurrido el 20 de diciembre.
2017 fue el año que quedó marcado por el asesinato de Javier Valdez, director del semanario Ríodoce, “un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México”, como lo señaló la organización el pasado 18 de mayo, tres días después del homicidio ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cuyo trabajo arrojó luz “sobre la situación de despojos y luchas por la tierra que viven las comunidades indígenas”.
La Comisión enfatiza que estos crímenes están vinculados con el crimen organizado, “que se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios”.
Los ataques contra periodistas, que de acuerdo con el informe son “endémicos” en México, han ampliado su rango y van desde el despido de periodistas críticos a solicitud de las autoridades; la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios. También se incluye la aplicación de la legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a funcionarios públicos, el uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas autoridades, amenazas, intimidaciones y asesinatos.
Hay muchos otros nombres que se sumaron a la lista de periodistas asesinados el año pasado, 12 en total. Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado el 19 de marzo en Ciudad Yanga, Veracruz. Maximino Rodríguez Palacios fue ejecutado en La Paz, Baja California Sur; recibió una ráfaga de disparos mientras estacionaba su automóvil en compañía de su esposa (quien salió ilesa del atentado).
El 15 de mayo Jonathan Rodríguez, periodista del semanario El Costeño en Autlán, Jalisco, recibió una ráfaga de balas que acabó con su vida; días antes había denunciado amenazas del presidente municipal. Tres días después hombres armados secuestraron al periodista Salvador Adame, director de Canal 6tv en Múgica, Michoacán. Su cuerpo fue hallado sin
vida el 14 de junio.
Deficiente trabajo judicial
La CIDH ha remarcado que a pesar de los esfuerzos por investigar los ataques, amenazas y asesinatos contra periodistas, el Estado mexicano ha generado resultados mínimos. Aunque desde 2013 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión cuenta con capacidad para atraer casos de cualquier entidad, la impunidad se mantiene en niveles muy altos.
“Rebasa el 90 por ciento de los casos, según las propias autoridades. Las organizaciones de la sociedad civil afirman que es aún mayor esta cifra. Lo relevante es que tanto la FEADLE como las fiscalías de todas las entidades han demostrado una incapacidad para afrontar estos crímenes. La simulación, la incompetencia y la complicidad pueden ser algunos de los factores para tener estos resultados”, señala el documento.
Asimismo, subraya que el papel de las autoridades de procuración de justicia ha fallado en elementos clave de su labor, al no agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima, lo que obstaculiza la persecución penal y facilita la impunidad de los autores intelectuales.
En abril de 2017, en una reunión con diputados federales, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, reconoció que de los 48 casos atraídos por la FEADLE sólo se han logrado tres sentencias. La dependencia cuenta con un presupuesto de 44 millones de pesos.
Los casos de Oaxaca
Entre los avances que resalta la CIDH sobre el trabajo del Estado mexicano se destaca la sentencia condenatoria contra el exjefe de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Armando Santiago Martínez, condenado a 30 años de prisión por el homicidio de Marcos Hernández Bautista, reportero en la región Costa y militante de Morena. Santiago también fue obligado por el Tribunal de Juicio Oral a pagar 178 mil pesos como reparación del daño.
La CIDH también registró las amenazas de muerte sufridas el 10 de enero de 2017 por la locutora Abigail Soraya Arias en Tlaxiaco.
También el 21 de marzo del año pasado, la periodista y activista por los derechos de las mujeres Verónica Villalvazo, “Frida Guerrera”, quien ha realizado gran parte de su carrera en la entidad, habría sido amenazada y hostigada a través de sus cuentas de redes sociales como consecuencia de sus denuncias públicas sobre feminicidios.
Villalvazo habría presentado una denuncia ante FEADLE por las amenazas de muerte. La periodista y activista contaría con un botón de pánico como medida de seguridad otorgada por el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
(Alonso Pérez Avendaño El Imparcial de Oaxaca)
Reportan explosión de vehículo de periodista en Campeche
Comunicadores del informativo local “La Barra Noticias” interrumpieron la emisión del día para reportar que el auto del periodista Andrés Balán había sido incendiado; califican el acto como un atentado
La tarde de este martes, periodistas del noticiero digital La Barra Noticias, del estado de Campeche, informaron que durante la transmisión de la emisión del día de hoy se registró una explosión en las afueras de las/oficinas del informativo./
Según narran los comunicadores, fue el vehículo de Andrés Balán, uno de los colaboradores de /La Barra Noticias/, el que explotó en lo que ellos consideraron como un /atentado/.
Testigos oculares contaron a los periodistas que un joven caminaba cerca del lugar y vació el contenido de un garrafón, para después /prender fuego al auto./
Los periodistas de/La Barra /no aseguran que haya sido un ataque dirigido en contra del periodista Andrés Balán.
Informaron que en las cercanías del lugar se encuentra la casa de la ex secretaria de la Contraloría, ahora candidata a la alcaldía de Escárcega, /Laura Luna García /de quien, dijeron, esperan contar con las cámaras de vigilancia de su casa.
El medio local pide a las autoridades correspondientes que sea garantizada la libertad de expresión y que se investiguen las causas de la explosión.
(Montserrat Soriano/eluniversal.com.mx)
¡Otro más! Desaparece un periodista en Veracruz
El periodista colaboraba en Diario de Acayucan y la estación la Ke Buena.
VERACRUZ, México.- Familiares del periodista Fabián Hipólito Nemesio presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público en Cosoleacaque, Veracruz, por la presunta desaparición del comunicador.
De acuerdo con información del portal de noticias Milenio, Isael Hipólito, hijo del colaborador de una estación de radio, se presentó al mediodía en la Fiscalía Regional para denunciar la desaparición.
El último contacto que tuvo con el periodista fue el 30 de marzo, cuando supo que cubriría la Caravana Migrante en Oaxaca.
Isael Hipólito dijo que hace siete años su padre recibió una amenaza, en la que le advirtieron que no manejara información policiaca.
El periodista colaboraba en Diario de Acayucan y la estación la Ke Buena.
México, país violento para periodistas
México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas, si se excluyen las naciones que están en guerra, según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
De acuerdo con el reporte anual de RSF, en 2017 en Siria fueron asesinados 12 reporteros; mientras que en México, 11 periodistas fueron asesinados “de manera intencional”, informa Milenio.
“En este país (México), donde imperan los cárteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría”, se lee en el informe.
Reporteros Sin Fronteras destaca el homicidio de Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en Culiacán en mayo, el cual “provocó una ola de indignación en el país”.
Durante 2017, 65 periodistas murieron en el mundo a causa de su profesión, lo que representa 18 por ciento menos que el año anterior; pero si se cuentan únicamente los periodistas profesionales, el número de muertos fue de 50, el más bajo desde hace 14 años.
Por detrás de México se sitúan Afganistán, con nueve muertos, Irak, con ocho, y Filipinas, con cuatro.
Del total de 65 informadores que perecieron en el ejercicio de su oficio, 60 por ciento fue directamente asesinado, mientras 40 por ciento fueron “víctimas colaterales” del contexto en que se movían, en particular en bombardeos y atentados.
En 2017, se observó la duplicación de periodistas mujeres fallecidas (10 en lugar de 5 del ejercicio precedente), en su mayor parte implicadas en investigaciones.
(Isabel Zamudio/Milenio)
