Durante la mañana de este lunes, el ex funcionario policial venezolano Oscar Pérez, quien llevó a cabo un ataque armado contra dos edificios públicos en Caracas en junio de 2017, fue rodeado, junto a su célula armada, por un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), desarrollado en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito.
Este operativo, sin embargo, tomó la característica de un reality show después de que, a través de las redes sociales, Pérez escenificara su propia versión de los hechos en un minuto a minuto fuertemente viralizado. De acuerdo a esta versión, un visiblemente ensangrentado Pérez se veía rodeado por un operativo que le negaba la posibilidad de entregarse, junto a los miembros de su célula y unos supuestos civiles nunca identificados en estos videos.
La versión de Pérez fue jerarquizada rápidamente por los medios privados nacionales e internacionales, interesados en presentar el hecho como una posible ejecución extrajudicial ordenada por el Gobierno venezolano, en una clara maniobra de victimizar al ex integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas (CICPC), responsable de una serie de ataques armados contra sedes militares y públicas durante 2017.
El minuto a minuto difundido por Pérez, por otro lado, fue un fiel reflejo de las demás apariciones públicas de su figura: proyectadas a partir de su primer video en el que se declaraba en “rebeldía contra Maduro” antes de atacar con granadas la sede del Ministerio de Interior y las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y proseguidas en tiempo y espacio con una aparición pública durante las protestas de 2017, y una toma violenta de un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los últimos días. En ese contexto, el canal CNN lo entrevistó en calidad de figura política en una maniobra para legitimarlo ante la opinión pública.
Sin embargo, en esta oportunidad la narración de los hechos fue descolocada por un video en el que claramente se observa cómo las FAES intentan negociar con Pérez su entrega, junto al resto de los hombres armados que lo acompañaban. La versión oficial, publicada por el Ministerio de Interior, afirma que en medio de esta negociación, el grupo de Pérez atacó con balas a los efectivos de seguridad. Lo que dejó como saldo el desmantelamiento de la célula luego de un tiroteo que culminó con dos efectivos muertos y cinco heridos.
En este mismo comunicado se sostiene que un número no precisado de integrantes de la célula de Pérez fueron abatidos, mientras que otros cinco del mismo grupo fueron detenidos. Según éste, además. los hombres armados de Pérez “abrieron fuego e incluso intentaron detonar un vehículo cargado de explosivos cuando se intentaba negociar condiciones para su entrega y resguardo”. Muy al contrario de la versión difundida por las redes sociales.
La mitificación y glorificación de un terrorista
Especial foco tuvo la victimización de Pérez y la evidente promoción de la matriz de opinión de una supuesta ejecución extrajudicial, difundida por periodistas como Alberto Rodríguez, integrante del medio Telemundo, y políticos como el exiliado Antonio Ledezma. En un ejercicio de histeria política digna de un antichavismo que en todo momento evitó referirse a esta figura como la de un “terrorista”, pese a que las leyes internacionales así califican a los ataques contra poblaciones civiles, como los perpetrados por Pérez a las sedes del Ministerio de Interior y el TSJ.
En una constante descontextualización, tampoco se refirieron a los peligrosos antecedentes de la célula armada del ex funcionario del CICPC, recientemente protagonista de un asalto armado al Comando de la Guardia Nacional Bolivariano, ubicado en Laguneta de la Montaña en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Un tiempo después de su confesa vinculación a la organización de la toma del fuerte Paramacay del estado Carabobo por parte del ex oficial de la GNB, Juan Carlos Caguaripano.
Las evidencias convierten a la célula de Pérez en un grupo insurrecto contra las instituciones del Estado con un alto grado de peligrosidad por sus antecedentes de ataque a la población civil y sedes militares. Muy diferente a la presentación de líder patriota, víctima de una trampa de las fuerzas de seguridad de Venezuela, llevada a cabo por los medios privados y periodistas, quienes incluso acudieron al testimonio de su madre para profundizar su relato de víctima.
En apariencia un tratamiento similar al que aplicaron respecto a la muerte del líder criminal El Picure, ocurrida durante 2016, donde las fuerzas de seguridad también fueron culpadas de un falso ajusticiamiento de su persona después de un enfrentamiento armado. Lo que sin dudas registra el peligroso antecedente del acompañamiento acrítico de medios, periodistas y políticos a versiones favorables a figuras criminales y terroristas. Más allá de la versión completa de lo ocurrido en el Junquito, en un contexto que al aparecer se asemeja al de una confrontación armada.
Las solidaridades automáticas y la importancia del desmantelamiento de la célula de Pérez
En medio de estos hechos es que destacan los efusivos apoyos al ex funcionario del CICPC por parte de figuras de la organización Soy Venezuela, en palabras del ex alcalde Ledezma y Diego Arria, entre otros, en una clara impronta por construir su imagen como la de un mártir de la “narcodictadura de Maduro”. Un modus operandi que continuamente se reedita cada vez que existe la posibilidad de una muerte que sea redituable en lo político y mediático por estos evangalizadores de la guerra contra Venezuela.
Una clave a resaltar dado que este acompañamiento, junto a la imposibilidad de repudiar a Pérez desde sectores opositores, moldea un mapa de actores volcados a promover figuras y grupos que promuevan una confrontación armada contra el Estado. Lo que dentro del actual escenario venezolano presenta un grado de peligrosidad por el evidente interés de Estados Unidos de eliminar la vía política para dirimir la actual crisis en el país.
Ante este panorama, el desmantelamiento de la célula armada de Pérez es un duro golpe a un frente armado nutrido por algunos grupos de ex efectivos y ex oficiales de las fuerzas de seguridad de Venezuela denominada como “Espada de Dios”. Este grupo armado, supuestamente referenciado en el ex militar Ángel Pérez Vivas, llamó a sus operaciones con nombres de clara connotación religiosa, como “David” en el caso de la toma del fuerte Paramacay, y “Genésis” respecto al asalto al comando de la GNB en San Antonio de los Altos.
Desde esta perspectiva, la histeria por la situación de Pérez esconde la capacidad de anticipación del aparato de seguridad del Estado venezolano contra quienes pretenden llevar al país a una guerra civil como en Siria y Ucrania, a partir de una intensa actividad de grupos armados acordemente presentados por los medios como defensores de la “libertad” de Venezuela.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ
Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, en una transmisión televisiva dio un balance sobre los hechos ocurridos durante el operativo realizado en El Junquito.
Expuso los hechos, donde una célula terrorista se enfrentó a una varias comisiones, donde cayeron dos efectivos policiales y siete miembros del grupo de Óscar Pérez, incluyendo la muerte del líder, ex funcionario del Cicpc.
Dijo Reverol: “Usamos el uso progresivo de la fuerza y se procedió con los protocolos establecidos con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos. Daniel Soto (30), Abraham Lugo (30A), Jose Pimentel, Oscar Perez (36), Jairo Lugo, Abraham Israel Agostini (35) y una mujer por identificar”.
El Ministro Reverol indicó que a pesar de plantearse una negociación, este grupo habría atacado a las fuerzas, cayendo en el sitio dos efectivos de seguridad: “A pesar de tratar de negociar la rendición pacífica, iniciaron de manera violenta el enfrentamiento en contra de los funcionarios. 2 funcionarios del Faes fallecieron”.
También informó sobre las siguientes personas arrestadas: “Detuvimos a Javier Dejon Gonzalez (45) por suministrar material terorista, Juan Carlos Urdaneta porla logística, Eva Maria Lugo, Antonio Pérez, William Sequera por ser dueño del vehículo de traslado y Vanessa Lugo como financistas de Oscar Perez y de su grupo terrorista”
Tomado de MisiónVerdad
