La asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación constituye una forma de control de las líneas editoriales en México, según da cuenta una información publicada por Actualidad RT
De forma discrecional, el Gobierno de México financia las páginas electrónicas de periodistas poco críticos o afines, como Joaquín López Dóriga, Ricardo Alemán, Óscar Mario Beteta, Jorge Fernández Menéndez, Adela Micha y Paola Rojas.
Cercanos al poder político, esos reporteros han hecho de la publicidad oficial un negocio redondo con cargo al erario. Para ello, han constituido empresas y creado páginas electrónicas, nutridas con ‘banners’ estatales.
En la lista de beneficiarios aparece el editorialista Joaquín López Dóriga, quien conduce un noticiario radiofónico en Grupo Fórmula y, hasta hace un año, era el principal comunicador del canal Televisa.
Entre enero y agosto de este año, la página lopezdoriga.com —operada por la empresa Premium Digital Group— ha cobrado al menos 1.898.586 pesos (99.925 dólares) por nueve campañas publicitarias, según el informe de gastos de comunicación social, elaborado por la federal Secretaría de la Función Pública. La dependencia que más dinero le pagó fue la Lotería Nacional: 783.605 pesos (41.242 dólares). Y le siguió el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 663.600 pesos (34.926 dólares).
Otro periodista beneficiado es Óscar Mario Beteta, cuya empresa Comentaristas y Asociados, S.C. —que opera su página oscarmariobeteta.com y su programa radiofónico en Grupo Fórmula— obtuvo en ese mismo periodo 1.705.734 pesos (89.775 dólares).
En la lista de periodistas patrocinados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto también está Ricardo Alemán, columnista del diario mexicano Milenio. Su empresa Comunícalo, encargada de su página laotraopinion.com.mx, ha obtenido del erario 886.035 pesos (46.633 dólares).
Para el abogado Leopoldo Maldonado, coordinador del Programa Legal de la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, la asignación de publicidad oficial es una forma de control de las líneas editoriales.
Por ello, la asignación positiva se da si las líneas editoriales son favorables; y, por el contrario, se restringe si el medio o el periodista es crítico, algo que condiciona la pluralidad y diversidad de la información y la libertad de expresión, explica Maldonado.
Según los datos de la Secretaría de la Función Pública, otro columnista beneficiado es Pablo Hiriart, del diario El Financiero, que ha cobrado del erario al menos 449.102 pesos (23.636 dólares) a través de su empresa Comunicación Extensa, que opera la página pablohiriart.com.
La lista también incluye al columnista Jorge Fernández Menéndez, del diario Excélsior, cuya empresa Rayuela Editores ha obtenido contratos publicitarios por 411.666 pesos (21.666 dólares) para su página jorgefernandezmenendez.com.
Las plumas financiadas por el Gobierno también son femeninas: está el caso de Adela Micha, cuyo monto reportado en el informe asciende a 62.400 pesos (3.284 dólares) por una campaña en su sitio web la-saga.com, que opera su empresa Conducción de Telecomunicaciones.
También está el caso de Paola Rojas, conductora de Televisa y locutora de Grupo Fórmula, cuya empresa PRH Comunicación recibió del Instituto Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un contrato por 61.206 pesos, 3.221 dólares.
No obstante, a través del Grupo IBT Solutions, su página paolarojas.com.mx obtuvo 193.103 pesos (10.163 dólares) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Esa institución también pagó a la intermediaria 289.655 pesos (15.245 dólares) para las páginas de López Dóriga y Óscar Mario Beteta, respectivamente; 193.103 pesos (10.186 dólares) para la de Fernández Menéndez; 144.827 pesos (7.622 dólares) para la de Micha; y 96.551 (5.081 dólares) para la de Hiriart.
Entre los problemas ligados a la publicidad oficial destacan los gastos multimillonarios sin control, sin rendición de cuentas ni regulación, señala la coordinadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, Justine Dupuy.
Por esa ausencia de reglas y transparencia, esa relación financiera entre medios y gobiernos impacta de manera negativa en la libertad de expresión y el derecho a saber, porque se acallan las voces críticas: muchos medios mexicanos, que dependen de la publicidad oficial para sobrevivir, se pueden asfixiar, asegura Dupuy.
El gasto, en efecto, es multimillonario. Los datos oficiales indican que la partida presupuestaria 3600, servicios de comunicación social y publicidad, cuenta en este 2017 con 7.509.547.384 pesos (395.244.417 dólares); y la partida 33605, información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, con 298.213.208 pesos (15.725.253 dólares).
Otros periodistas financiados son Eduardo Ruiz Healy (RH Editores), Marco Mares (Marco Antonio Mares García), José Cárdenas (Virreyes Quince Quince) y Federico Arreola (Periódico Digital Sendero).
Algunos de los periodistas aludidos fueron contactados para este reportaje, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.
