Informe 2012-16 para el XII Congreso de Felap de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP)
En América Latina y el Caribe no existe lo que en propiedad pueda llamarse “guerra”, pero sí hay una mortífera guerra encubierta del poder político corrupto asociado al gran delito y sus sicarios contra periodistas, comunicadores, fotógrafos, locutores y toda suerte de trabajadores de prensa. Se trata de una guerra sucia donde sólo mueren miembros del sector más vulnerable: la gente de prensa. Hasta el 31 de diciembre de 2016 CIAP contabilizó 187 asesinatos impunes, escaecidos desde el 1 de enero de 2012, año en que se realizó el XI Congreso de FELAP –1 y 2 de septiembre– en Caracas.
Pero estas muertes no causan ninguna conmoción mediática, ni de otra naturaleza, salvo entre los compañeros y amigos y las potenciales e indemnes futuras víctimas y los medios donde laboran. Al fin de cuentas no viven en países desarrollados y tampoco existe ninguna guerra en esta región del mundo. El promedio regional anual de asesinatos ascendió a 37,6 víctimas, incluidas 4 colegas mujeres, aproximadamente el 10%. En 2016 todos (as) tenían una edad promedio de 41 años más 9 meses y medio.
Entre los 16 países latinoamericano que registraron víctimas en el periodo 2012-2016 los más mortíferos para el periodismo fueron México (64 asesinatos), Brasil (35), Honduras (34), Guatemala (16) y Colombia (14). Con 4 asesinatos cada uno siguieron El Salvador, Bolivia y Paraguay; con dos asesinatos, Ecuador y Haití; y con 1 asesinato, Argentina, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Las mayoría de las víctimas fueron periodistas, fotógrafos, locutores, productores de noticieros, comunicadores y propietarios de medios de provincias. Sus asesinatos no hicieron noticia en la gran prensa de su país o fueron acallados por la censura y autocensura. Si la noticia “pasó” fue inocua, sin informar y omitiendo datos básicos, presentada en un equívoco lenguaje recargado de eufemismos (“fue encontrado sin vida”), como lavándose las manos.
El principal instigador y autor intelectual fue la corrupción del poder político que en algunos países campea a nivel nacional, y en otros domina en provincias y estados, en estrecha alianza con grupos económicos “legales”, como grandes mineras locales y extranjeras, y a los carteles de drogas, tráfico humano y otros “rubros” letales. En países como México algunas bandas disfrutan de cuotas de poder político local arrebatadas al Estado, o simplemente cedidas por la corrupción. Hay pueblos o ciudades donde este poder fáctico recauda sus propios “impuestos”, encareciendo con sobreprecios los artículos de mayor consumo popular.
Existen, sin embargo, otras 17 naciones de América Latina y el Caribe donde no asesinan periodistas ni trabajadores de prensa, según los registros 2006-2016 de CIAP-FELAP: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad Tobago y Uruguay.
Principales atentados y violaciones
Los asesinatos de periodistas son la punta de un iceberg. Con o sin homicidios, todos los años en cada país se produjeron decenas de abusos y atentados contra periodistas, trabajadores de prensa y medios informativos. Hubo asesinatos fallidos, secuestros, ataques a golpes y toda suerte de amenazas, principalmente en México, Guatemala, Honduras, Brasil y Colombia, según reportaron diversas ONGs locales, como Artículo 19 y Cerigua, organizaciones sindicales y muchos periodistas de a pié. Su narración llenaría varios anuarios sólo con los datos básicos de las víctimas y una brevísima descripción de cientos de atentados y violaciones denunciadas en 5 años.
No ocurren tantos asesinatos entre periodistas de grandes medios y su frecuencia es baja en las capitales de los países. Las bandas criminales financiadas por la corrupción política-empresarial más bien interfieren la lucha por informar y denunciar la corrupción dominante del periodismo más pobre, aquél de carácter local y regional que incluye a reporteros y propietarios de pequeños medios, en particular radios locales o comunitarias, portales Internet y publicaciones de papel, como periódicos y semanarios. No sólo caen asesinados periodistas de oposición, sino también comunicadores afines al gobierno, como Ricardo Durán Trujillo de Venezuela.
Mientras más crece la concentración de la propiedad y la internacionalización de grandes medios estilo SIP y cadenas locales y foráneas de TV, los periodistas pierden más empleos a la vez que aumentan la censura, autocensura y ocultamiento de importantes noticias reales, incluido el asesinato de periodistas. El periodismo de TV y de los grandes diarios terminó por convertirse desfachatadamente en abierta propaganda consumista de marcas, vacaciones, tiendas, alimentación, vestuario y muchos productos presentados como “noticias” en los informativos estelares, a veces con avisos de propaganda donde actúan como modelos los mismos relatores (as) y conductores (as) de los noticiarios. Estamos presenciando cómo la banalidad es el denominador común de la gigantesca manipulación de las mentes que ahora los medios ejercen a escala mundial.
En cada país se extingue el debate, desaparecen más y más la diversidad ideológica, la libertad de análisis y la multiplicidad de enfoque de las noticias. La concentración de la propiedad mediática trae consigo la chatura de un solo punto de vista, impone un concepto banal y consumista del periodismo y ofrece la misma visión para explicar lo que sea que ocurra: el tamiz del dogma neoliberal, hoy en decadencia tras 40 años de fracasos.
Ahora abundan poderosas y bien financiadas ONGs de cuestionables objetivos políticos que “luchan por la libertad de información” mientras buscan el reconocimiento oficial como entes auxiliares de Naciones Unidas. Las fuentes regionales de información menos sesgadas, entre otras, son los reportes de CERIGUA, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (https://cerigua.org/), Artículo 19 México-Latinoamérica (https://www.article19.org/pages/es/latin-america-translation.html), Comité por la Libre Expresión de Honduras, C-Libre (http://www.clibrehonduras.com/), Fundación para la libertad de prensa de Colombia (http://flip.org.co/) y Directora General de la UNESCO (http://es.unesco.org/news/). Leyendo entre líneas también resultan útiles los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA (http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp). Es lamentable la ausencia de centros de estudios y fuentes de información regionales que respondan a los intereses propios de los periodistas y trabajadores de prensa. La FELAP debe fortalecer el trabajo de esta comisión con gente más joven.
