Cubaperiodistas publica un nuevo texto del libro El imperio de la vigilancia (Editorial José Martí), de Ignacio Ramonet, quien autorizó especialmente su reproducción para los periodistas cubanos y los lectores de esta página.
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Capítulo II
El terrorismo es ante todo un acto político que trata de
provocar un efecto político. Si por su causa
cambiamos nuestra sociedad, sale ganando.
TOM CLANCY.
En la era digital se está intensificando, en todo el mundo, un debate social sobre tres realidades que chocan entre sí: la amenaza de una vigilancia electrónica generalizada, técnicamente posible a partir de ahora; la indispensable salvaguardia de la vida privada; y la necesidad de seguridad frente a nuevas formas de criminalidad y terrorismo.
El uso del terror con fines políticos viene de antiguo. Aunque no tanto, pues no hay terrorismo, en el sentido moderno del término, sin medios de comunicación de masas que amplifiquen el efecto del miedo colectivo[1]. Ahora bien, los medios de masas no aparecen hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por chocante que pueda parecer, un acto terrorista es casi siempre un (sangriento) mensaje dirigido a una colectividad por una organización, generalmente clandestina. El uso indiscriminado de la violencia mortífera contra civiles inocentes tiene normalmente como objetivo promover una causa de la que inevitablemente se harán eco los medios.
En el transcurso de la historia, un gran número de organizaciones políticas han recurrido al terrorismo para fomentar sus tesis. Partidos, tanto de derechas como de izquierda, grupos nacionalistas, étnicos, religiosos o revolucionarios, incluso Estados, han practicado el terrorismo. Pero, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001[2], reivindicados por la organización salafista-yihadista Al Qaeda, se puede decir que, tanto el terrorismo como el antiterrorismo, entraron en una nueva dimensión.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 abrieron una nueva etapa en la historia contemporánea. El ciclo geopolítico que acabó ese día había comenzado el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y, más tarde, con la desaparición de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991. Una etapa que, además, conoció el auge de la mundialización neoliberal. Sus principales características, celebradas sin descanso por los grandes medios, fueron: la exaltación del régimen democrático, la celebración del Estado de derecho, y la glorificación de los derechos humanos. En política interior y exterior, esta moderna trinidad fue considerada como una especie de imperativo categórico ético. Este tríptico, no desprovisto de ambigüedades (¿de verdad se pueden conciliar mundialización neoliberal y democracia planetaria?), contó con la adhesión de los ciudadanos, que, con razón, veían en él un avance del derecho contra la barbarie.
A este respecto, la “respuesta democrática” a las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 marcó un claro retroceso. En nombre de una “guerra justa” contra el terrorismo, pareció como si, de pronto, todas las transgresiones, incluso las más innobles, estuvieran permitidas. Para emprender una guerra de venganza contra Afganistán, Washington no dudó, de entrada, en entablar alianzas con autócratas antes políticamente intratables: por ejemplo, el general golpista Pervez Musharraf, de Pakistán; o el dictador de Uzbekistán, Islam Karimov. En la democracia, valores morales que la víspera aún eran considerados “fundamentales” abandonaban a hurtadillas la escena política.
La Ley Patriot Act
Simultáneamente, el Gobierno de George Bush, en Estados Unidos[3], desató un huracán de medidas liberticidas, a veces secretas. Desde el día siguiente a los atentados, se aplicó una justicia de excepción. El 26 de octubre de 2001, el ministro de Justicia, John Ashcroft, hizo aprobar una ley antiterrorista, llamada Patriot Act[4], que permitió a las autoridades arrestar a los sospechosos por tiempo casi indefinido, deportarlos, encarcelarlos en celdas de aislamiento, espiar su correo, sus conversaciones telefónicas, sus e-mails, y ordenar el registro de su domicilio sin autorización judicial.
De este modo, desde los primeros días que siguieron al 11 de septiembre, fueron abusivamente arrestados no menos de 1.200 extranjeros, de los cuales más de la mitad permanecieron durante meses encarcelados y sin juicio. Muchos de ellos no fueron siquiera puestos a disposición judicial ni tuvieron la posibilidad de ser asistidos por un abogado[5]. Además, las autoridades declararon su intención de someter a interrogatorio a unos 5.000 hombres, de entre 16 y 45 años, que permanecían en Estados Unidos con visado de turista, convertidos de pronto en sospechosos por el simple hecho de ser originarios de Oriente Próximo[6]…
A pesar de que los tribunales estadounidenses ordinarios eran totalmente competentes para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo[7], el presidente George W. Bush decidió, el 13 de noviembre de 2001, crear tribunales militares específicos, con procedimientos especiales, y ubicarlos fuera del territorio estadounidense, para que las leyes de los Estados Unidos (y, desde luego, la Convención de Ginebra) no pudieran en modo alguno proteger a los acusados. Estos procesos secretos podían celebrarse, por ejemplo, a bordo de barcos de guerra o en bases militares situadas en el extranjero (de ahí la elección, entre otras, de la base de Guantánamo, que es un territorio de soberanía cubana arrendado abusivamente por tiempo indefinido por Estados Unidos). Las sentencias se dictaban por una comisión formada por oficiales; no se requería unanimidad para condenar a muerte a un acusado; no se podía apelar contra el veredicto; las conversaciones del acusado con su abogado podían ser escuchadas clandestinamente; se mantenía en secreto el procedimiento judicial; y los detalles del proceso sólo podían hacerse públicos una vez transcurridas varias décadas.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) propuso que algunos acusados fueran extraditados a “países seguros” bajo un régimen dictatorial, para que las policías locales pudieran interrogarlos utilizando métodos “duros y eficaces”. En las columnas de las revistas más importantes[8], se exigió abiertamente recurrir a la tortura. En la cadena CNN, el comentarista republicano Tucker Carlson, por ejemplo, fue muy explícito: “La tortura no está bien, pero el terrorismo es peor. Por lo que, en determinadas circunstancias, la tortura es un mal menor”. En las columnas del Chicago Tribune, el editorialista Steve Chapman propuso seguir el ejemplo de un Estado democrático como Israel, que no dudaría, en su opinión, en aplicar la tortura al 85% de los detenidos palestinos[9]…
Al abolir una decisión de 1974, que prohibía a la Central Intelligence Agency (CIA) asesinar a dirigentes extranjeros, George W. Bush volvió a darle carta blanca para llevar a cabo todas las operaciones secretas necesarias para eliminar físicamente a los jefes de Al Qaeda. Ignorando las Convenciones de Ginebra, la guerra de Afganistán fue dirigida bajo el mismo principio: liquidar a los miembros de Al Qaeda incluso si se rendían. Donald Rumsfeld, en esa época secretario estadounidense de Defensa, se mostró inflexible al rechazar cualquier solución negociada, y pidió que mataran a los prisioneros árabes que combatían con los talibanes[10]. Más de cuatrocientos de ellos fueron masacrados en Afganistán durante el levantamiento del fuerte Qala-e-Jangi, en noviembre de 2001, y un número sin duda más elevado durante la toma de Tora Bora, en diciembre de 2001.
Para que no prosperara ninguna demanda contra militares estadounidenses que hubieran participado en este tipo de operaciones armadas en el extranjero, los Estados Unidos se enfrentaron al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya autoridad no reconocen. Y, en agosto de 2002, el Senado aprobó una ley de protección de los miembros del servicio estadounidense (American Servicemembers’ Protection Act, ASPA), que permite a Washington adoptar medidas extremas –que pueden llegar a la invasión militar de un país- para recuperar a cualquier ciudadano estadounidense detenido y amenazado con ser llevado ante el TPI.
Globalización del terrorismo
La mayoría de estas medidas “antiterroristas” se ha mostrado poco eficaz. El número de auténticos terroristas detenidos es irrisorio y, lamentablemente, no se han impedido otros horribles atentados. Sin embargo, es enorme el precio en erosión de los derechos humanos que la colectividad debe pagar, lo cual ha llevado a Martin Scheinin, relator especial de la ONU, a afirmar que “la utilización actual de las leyes antiterroristas es mala no sólo para los derechos humanos, sino también para luchar verdaderamente contra el terrorismo[11]”.
Es conocido el caos en el que hundieron a Oriente Próximo las intervenciones estadounidenses en Afganistán y en Irak (apoyadas por la mayoría de sus aliados europeos). Quince años después, el desastre permanece, y se ha extendido incluso a una gran parte de Siria, lo que ha provocado la huida de millones de refugiados. Mientras tanto, el terrorismo yihadista, lejos de haber sido erradicado, se ha generalizado y extendido a todo el planeta, por decirlo así, tanto en lo relativo a los objetivos como a los atacantes.
Prueba de ello es, por ejemplo, el llamamiento lanzado, el 13 de septiembre de 2015, por Ayman al-Zawahiri, sucesor de Osama Bin Laden al frente de Al Qaeda, en el que se dirige a todos los musulmanes del mundo para conminarles a que ataquen a los países occidentales: “Llamo a todos los musulmanes que puedan perjudicar a los países de la coalición de cruzados a que no duden en hacerlo. A partir de ahora debemos trabajar para llevar la guerra al corazón de los hogares y de las ciudades del Occidente coaligado, en especial de los Estados Unidos de América”[12].
Con la violencia paroxística ejercida por la organización Estado Islámico (EI), o Daesh, que de alguna forma ha tomado el relevo de Al Qaeda, tanto a escala local (en Irak y en Siria) como internacional, el terrorismo yihadista globalizado se ha convertido, según los especialistas, en un medio de “hostigar continuamente al enemigo, especialmente por medio de atentados, con objeto de debilitarlo moral y materialmente” antes de pasar a la segunda fase, la de la “administración de la brutalidad”[13]. Deliberadamente, Daesh trata de internacionalizar su lucha por medio de atentados cometidos en todos los lugares en los que puedan actuar sus militantes. Ataques que ya han tenido lugar en Túnez, Turquía, Kenia, Nigeria, Bélgica, Canadá, Australia, Dinamarca, Francia, Estados Unidos (San Bernardino)…
En lo que se refiere a Francia, el autor del secuestro y asesinato de cuatro personas de confesión judía en el Hyper Cacher de la Puerta de Vincennes, el 9 de enero de 2015, en París, manifestó pertenecer también a Daesh. Y el atacante del tren Thalys del 21 de agosto de 2015, acusado de haber intentado cometer una carnicería, es, asimismo, sospechoso de mantener vínculos con la organización Estado Islámico.
Por lo tanto, tenemos que vérnoslas, por primera vez, con la mundialización del terrorismo. Es una realidad innegable. Y los Estados tienen necesariamente que cumplir con su papel de proteger a los ciudadanos. Sin embargo, ¿es necesario convertir a cada ciudadano en sospechoso? ¿Y poner bajo vigilancia al conjunto de la sociedad? Ya en el siglo XVIII, el filósofo irlandés Edmund Burke repondió a estas preguntas: el problema es que, si no tenemos cuidado, la guerra acaba haciendo desaparecer incluso los valores por los que se inicia: la justicia, la moral, la humanidad. Con el terrorismo ocurre lo mismo, nos dice Edward Snowden:
Para el mundo de la información, el terrorismo ha sido siempre una excusa para pasar a la acción. Provoca tal reacción emocional que, bajo la influencia del shock, la gente acepta leyes y programas que en otro caso no habrían votado jamás[14].
El miedo a los “lobos solitarios”
Con motivo de los atentados perpetrados en Francia en enero de 2015, las autoridades francesas recordaron que la policía tenía fichadas por “islamismo radical” a unas 5.000 personas, y que, por razones presupuestarias, era imposible vigilarlas las veinticuatro horas del día. El procurador de la República de París, François Molins, manifestó que, de estos 5.000 sospechosos, los servicios de información vigilaban apenas a 1.700 en agosto de 2015. Añadió que este tipo de terrorismo no tiene ni estructura organizativa ni células ni cadena de mando: “tenemos que ocuparnos –declaró—de comportamientos individuales, de ‘lobos solitarios’”. Ahora bien, si existe un perfil que los servicios de información temen especialmente es el de un sospechoso desconocido por la policía, sin antecedentes, sin vínculos con cualquier movimiento extremista, y sin figurar en ninguna base de datos…
Según François Molins, en julio de 2015, unos 1.800 franceses (o residentes en Francia) se habrían unido a las filas de los movimientos yihadistas en Irak y Siria. Y alrededor de 500 de entre ellos estarían participando en los combates. Se estima que el número de nuevos voluntarios que se enrolan cada día no deja de crecer, que incluso se habría duplicado en 2015. Más inquietante aún: entre 200 y 300 excombatientes de Daesh habrían vuelto a Francia… Lo cual hizo temer a las autoridades un “11 de septiembre francés”. “Tenemos que prepararnos para nuevos atentados y, en consecuencia, protegernos”, alertó el presidente François Hollande[15].
Esa llamada de alerta no impidió los odiosos atentados en Saint-Denis y en París del 13 de noviembre de 2015, cuando tres comandos yihadistas, obedeciendo a consignas de Daesh, asesinaron a 150 personas e hirieon a más de trescientas en el peor atentado de la historia de Francia.
En semejantes circunstancias, ¿cómo establecer la frontera entre seguridad y libertades civiles? ¿Hasta dónde están dispuestos los ciudadanos a sacrificar sus libertades para garantizar su seguridad? Muchos temen que se imponga una especie de sofisma liberticida, cuya fórmula podría ser esta: “La libertad es la seguridad, la seguridad es la vigilancia, luego la libertad es la vigilancia[16]”.
La ley Renseignement
Todas estas cuestiones se debatieron intensamente en Francia con motivo de la ley Renseignement, votada el 25 de junio de 2015[17]. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, esta ley permite claramente llevar a cabo prácticas de vigilancia masiva cuando, tras las revelaciones de Edward Snowden, empiezan a ser condenadas por los tribunales europeos. Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que apeló la asociación irlandesa Digital Rights Ireland, invalidó en abril de 2014 la directiva de 2006 sobre la conservación de datos[18]. El fallo condena el principio de una recogida indiferenciada de datos relativos a personas para las que, según el Tribunal, no hay “ningún indicio que permita pensar que su comportamiento pudiera tener algún vínculo, incluso indirecto o lejano, con infracciones graves[19]”.
Insensible a esta histórica decisión del TJUE, la ley francesa Renseignement permite, sobre todo a los investigadores, que, sin la previa autorización de un juez, escuchen y graben a cualquiera de nosotros con la mera decisión del Primer ministro[20]. Objetivo principal: la detección automática de comportamientos determinados. La ley permite que se utilice un software llamado “espía” para seguir de cerca la actividad informática de un sospechoso. A partir de ahora, toda navegación en la Red puede ser grabada en tiempo real por medio de “cajas negras algorítmicas[21]” instaladas en los operadores de telecomunicación, en los proveedores de acceso a Internet, en los alojamientos web y en los diferentes servicios en línea.
Se echa un ojo a todas las consultas e intercambios en Google, Facebook, WahtsApp, Skype, etc. También se autoriza a los agentes para que instalen dispositivos GPS en los coches, para que vigilen las conversaciones y los datos informáticos de todo sospechoso, incluso de su entorno, y para que se coloquen micros y cámaras en su casa, clandestinamente. En adelante, los operadores privados, los sitios web o los proveedores de acceso a Internet, deberán “detectar, mediante tratamiento automático, cualquier sucesión sospechosa de datos de conexión”, como precisa el texto. Finalmente, se legalizan las “IMSI catchers[22]”, pequeños maletines que permiten interceptar a distancia las comunicaciones telefónicas de los móviles.
En consecuencia, los agentes del servicio francés de información pueden, a partir de ahora, saberlo todo, espiarlo todo: quién dirige correos a quién, con qué regularidad. La ley precisa que cualquier persona que incite a “violencias colectivas”, o represente un peligro para “los intereses fundamentales de la política exterior de Francia”, o amenace sus “intereses económicos o científicos”, podrá ser sometida a vigilancia. Pero la autoridad judicial no tiene voz en este capítulo: en lo sucesivo, el control de las escuchas lo llevará la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR, en español: Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información)[23].
El Consejo constitucional francés censuró, en un primer tiempo, las medidas de la ley que se refieren a la vigilancia internacional[24]. Y muchos medios de comunicación[25], y varias organizaciones –especialmente la Quadrature du Net, La Liga de los derechos del hombre y el Sindicato de la magistratura—, han señalado los abusos de esta ley Renseignement: “cajas negras, exclusión del juez, no protección del secreto profesional de los abogados y de otras profesiones protegidas, así como del secreto de las fuentes de los periodistas, ausencia de transparencia en los abusos que han sido ya constatados[26]…” Por su parte, el Conseil National du Numérique (CNN, Consejo Nacional de lo Digital) se mostró preocupado, según su comunicado del 19 de marzo de 2015, por “una ampliación del ámbito de vigilancia”, e invitó a “reforzar las garantías y los medios de control democráticos”. Este organismo lamenta “la ampliación significativa de los límites de vigilancia, sin que esta ampliación se haya acompañado de suficientes garantías en términos de libertades”. Y considera, además, que algunas nuevas técnicas de información constituyen “una forma de vigilancia masiva”.
Por su parte, el Defensor de los derechos (equivalente al Defensor del Pueblo), Jacques Toubon, ha expresado sus reservas basándose en la Convención Europea de Derechos Humanos[27]… Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe en el que condenó severamente esta “peligrosa ley”. En los Estados Unidos, un editorial de The New York Times[28] llamó a los diputados franceses a no votar esta ley, de la que el juez antiterrorista Marc Trévidic[29] piensa que “abre el camino a la generalización de métodos intrusivos, fuera del control de los jueces, que, sin embargo, son los garantes de las libertades individuales” en Francia.
Además, el 3 de octubre de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH, por sus siglas en francés) estudió el recurso contra la ley Renseignement presentado por periodistas de la Asociación de la Prensa Judicial (APJ). Ciento ochenta periodistas, que representan a la mayoría de los medios escritos, audiovisuales y digitales, se alarman ante “las nuevas amenazas contra la libertad de informar”. Reprochan a la ley que vapulee el secreto de las fuentes, viole la vida privada y restrinja la libertad de información. Finalmente, protestan contra la vigilancia masiva sobre simples ciudadanos que la ley permite[30].
A su vez, el Consejo de la Orden de Abogados de París decidió impugnar la ley Renseignement ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 7 de octubre de 2015. El decano Pierre-Olivier Sûr declaró que esta ley “es un texto que ante nuestros ojos representa una doble mentira de Estado. Primero, haciéndonos creer que se trata de proteger la nación contra el terrorismo, cuando su alcance es muchísimo más amplio. Y segundo, pretendiendo que se garantiza el control judicial designando a un juez administrativo, cuando, en un régimen de libertades, el único juez es el juez jurisdiccional. No designa al tribunal administrativo ni al tribunal de apelación, sino al Consejo de Estado, al que ni siquiera los profesionales del derecho pueden apelar[31]”.
Además, añadió el decano Sûr: “Este texto no garantiza el secreto profesional de los abogados, por lo que debería ser pura y simplemente censurado. Hay una gran jurisprudencia sobre libertades públicas en la CEDH, que hoy día es creadora de un derecho ejemplar, hasta tal punto que pone de manifiesto que nuestro Derecho francés lleva un tiempo de retraso”. Recordemos que la Convención Europea de Derechos Humanos protege especialmente el derecho a la privacidad. Según su artículo 8, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia”.
El misterioso “Big Brother” francés
Y hay algo más grave. El periódico Le Monde reveló que, desde 2013, existe en Francia un misterioso servicio, clasificado como ‘secreto de defensa’, y disimulado en el seno de los servicios de información, dedicado a recoger y almacenar de forma masiva datos personales. Su nombre: Plateforme nationale de criptanalyse et de décryptement (PNCD: Plataforma Nacional de Análisis y Desciframiento de Códigos). Durante mucho tiempo la República negó su existencia[32], hasta tal punto que este dispositivo intrusivo –con el que los servicios franceses de información podrían obtener datos a su antojo, sin más control que el de su propia jerarquía—fue totalmente silenciado en la ley Renseignement de junio de 2015.
Este “Big Brother” francés, que se aloja en el sótano de la sede de la DGSE[33], en el núm. 141 del bulevar Mortier, de París, dispondría de las supercalculadoras más potentes, y emplearía a unos 150 especialistas, sobre todo matemáticos e informáticos de muy alto nivel.
En este inmenso espacio –afirma Vincent Jauvert-, el segundo centro de descodificación informática en Europa, por detrás de su equivalente británico, ordenadores gigantes filtran cada día decenas de millones de correos electrónicos, de SMS, de intercambios por Skype, WhatsApp, Facebook… Aíslan automáticamente, mediante los números de teléfono o las direcciones IP, los intercambios que llevan a cabo las personas elegidas. Un programa reconoce la voz, otro traduce. […] De esta manera, se criba todo el tráfico de datos, país por país. Hay programas que cachean, mediante palabras-clave, todas las conversaciones por correo electrónico, Facebook o Skype; otros analizan millones de metadatos[34].
Estos metadatos son conservados y almacenados durante años, igual que hace la NSA estadounidense, para poder realizar investigaciones retrospectivas. El objetivo es disponer de un registro completo de las comunicaciones en todo el mundo durante los últimos cinco años, con el fin de que, en el caso de que una persona llame un día la atención, se pueda buscar entre esa masa de datos almacenados, y encontrar la lista de los interlocutores del sospechoso para poder reconstruir su red de relaciones.
Por medio de satélites, o de ondas hertzianas, pero sobre todo a través de cables submarinos de fibra óptica, transita ya lo esencial de las comunicaciones mundiales. Miles de millones de datos, que afectan a ciudadanos tanto franceses como extranjeros, son de esta forma interceptados, descifrados, acumulados y clasificados[35]. Ninguna autoridad judicial vela por salvaguardar la legalidad de estas escuchas. Y otra traición capital: en el marco de los intercambios de Francia con los Estados Unidos y el Reino Unido, la DGSE estaría entregando regularmente a sus homólogos del Government Communications Headquarters (GCHQ) y de la NSA “bloques de datos”, muchas veces sin descodificar.
Notas
[1] Véase I. Ramonet, Guerres du XXIème siècle. Peurs et menaces nouvelles, Galilée, París, 2002; edición en español: Guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas, Random House, Barcelona, 2003. Y Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras : asimetría y privatización de la violencia, Siglo XXI, Madrid, 2005.
[2] El 11 de septiembre de 2011, comandos de la organización yihadista Al Qaeda, obedeciendo a su jefe Osama Bin Laden, desviaron varios aviones de línea y atacaron con ellos las dos torres del World Trade Center en Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, matando aproximadamente a 3.000 personas e hiriendo a más de 6.000. Es el atentado terrorista más mortífero de la historia.
[3] Desde entonces, y con el pretexto del antiterrorismo, se adoptaron medidas similares en unos 60 países –especialmente en China, Turquía y Pakistán–, que condujeron a la detención de aproximadamente 120.000 personas, a las que se acusó de “terrorismo”, lo cual les permitió a los gobiernos de esos Estados desembarazarse de opositores políticos y de disidentes. (Fuente: Associated Press, septiembre de 2011).
[4] Propuesta por el presidente George W. Bush, esta “ley para unir y reforzar a los Estados unidos de América proporcionando los instrumentos adecuados para descubrir y contraatacar al terrorismo”, “elimina la distinción jurídica entre las investigaciones realizadas por los servicios de información exterior y las de las agencias federales responsables de las investigaciones criminales (FBI) cuando impliquen a terroristas extranjeros. Crea también los estatutos de “combatiente enemigo” y “combatiente ilegal”, que permiten al Gobierno de los Estados Unidos detener, sin límite de tiempo y sin acusación, a cualquier persona sospechosa de “proyecto terrorista”. En la práctica, la Patriot Act autoriza a los servicios de seguridad a que accedan a los datos informáticos conservados por particulares y empresas, sin autorización previa y sin informar a los usuarios” (Fuente: Wikipedia). La ley Patriot Act fue sustituida el 15 de junio de 2015 por la ley Freedom Act, que ha mantenido la mayoría de sus aspectos más importantes.
[5] El País, Madrid, 10 de noviembre de 2001.
[6] Le Monde, 30 de noviembre de 2001.
[7] International Herald Tribune, 1 de diciembre de 2001.
[8] Newsweek, 5 de noviembre de 2001.
[9] Citado por El País, Madrid, 7 de noviembre de 2001.
[10] Le Monde, 14 de diciembre de 2001.
[11] Fuente: Presstv.com, 4 de septiembre de 2011.
[12] Le Parisien, 13 de septiembre de 2015.
[13] Véase Nabil Mouline, “Daesh: harcèlement, violence, propagande… Le plan de conquête en 3 étapes de l’EI”, L’obs, 5 de julio de 2015.
[14] “Internet no es el enemigo, al igual que no lo es Irak” entrevista con Edward Snowden, Publico.es, 2 de septiembre de 2014 (http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/2014/09/02/internet-no-es-el-enemigo-al-igual-que-no-lo-es-irak).
[15] La Dépêche, Toulouse, 28 de agosto de 2015.
[16] Jean-Christophe Rufin, Globalia, Gallimard, París, 2005.
[17] La ley relativa a la información fue promulgada el 25 de julio de 2015. Fue publicada en el Journal officiel del 26 de julio de 2015.
[18] Esta directiva de la Comisión Europea fue adoptada tras los atentados de Madrid y de Londres. Imponía a los operadores la obligación de salvaguardar el conjunto de los datos de conexión de sus abonados durante un periodo de entre seis meses y dos años, y de mantenerlo a disposición de las autoridades judiciales.
[19] Véase Félix Tréguer, “Résistence multiforme”, Le Monde diplomatique, junio de 2015.
[20] Cf. Marc Rees, “Loi Renseignement: ce que dit le mémoire de la Quadrature, FDN et FFDN”, NextINpact, 24 de junio de 2015 (http://www.nextinpact.com/news/95538-loi-renseignement-ce-que-dit-memoire-quadrature-fdn-et-ffdn.htm)
[21] Con ayuda de un algoritmo secreto, estas “cajas negras” capturan considerables cantidades de datos relativos a las actividades de los internautas en la Red. Solo se graban los metadatos: informaciones que permiten saber qué sitio web se ha visitado, dónde, a qué hora, qué día, durante cuánto tiempo y qué cantidad de datos se ha intercambiado. Los metadatos son informaciones interesantes, que pueden mostrar algo de nosotros a los servicios de información. La grabación de metadatos no es, por lo tanto, menos intrusiva que la recopilación de datos.
[22] La International Mobile Subscriber Identity (IMSI) es un número, único en cada teléfono, que permite a una red móvil identificar a un usuario. Se guarda en la tarjeta SIM, y no es conocido por el usuario. Equipadas con antenas repetidoras, las “IMSI catchers” (“cazadores de IMSI”) permiten espiar los teléfonos móviles.
[23] La CNCTR sustituye a la CNCIS (Comisión Nacional de Control de las Interceptaciones de Seguridad). Está compuesta por nueve miembros: dos diputados y dos senadores; dos miembros o antiguos miembros del Consejo de Estado; dos magistrados o antiguos magistrados al margen de la jerarquía del Tribunal de Casación, nombrados a propuesta conjunta del Primer presidente y del procurador general del Tribunal de Casación; y una personalidad cualificada por sus conocimientos en materia de comunicaciones electrónicas, nombrada a propuesta del presidente de la ARCEP (Autoridad reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y de Correos). La CNCTR entró en funcionamiento el 3 de octubre de 2015, presidida por el consejero de Estado Francis Delon.
[24] Pero el Gobierno de Manuel Valls volvió al ataque con una propuesta de ley adoptada por la Asamblea Nacional en octubre de 2015, y finalmente confirmada por el Consejo Constitucional en noviembre de 2015.
[25] Por ejemplo, los diarios en línea Basta!, el 4 de mayo de 2015 (http://www.bastamag.net/Surveillance-generalisee-du-net-traitement-automatise-des-donnees-manque-de) y Undernews, 8 de mayo de 2015 (http://www.undernews.fr/anonymat-cryptographie/loi-renseignement-comment-sen-proteger.html).
[26] Véase http://www.laquadrature.net/fr/honte-sur-la-france-le-conseil-constitutionnel-valide-largement-la-loi-renseignement
[27] Challenges, 24 de abril de 2015 (http://www.challenges.fr/politique/20150423.CHA5216/loi-sur-le-renseignement-les-reserves-de-jacques-toubon-html)
[28] The New York Times, 31 de marzo de 2015.
[29] Este magistrado ha instruido casos delicados, como el del atentado de Karachi (Pakistán) y el del asesinato de los monjes cristianos de Tibhirine (Argelia).
[30] Le Monde, 4 de octubre de 2015.
[31] M. Rees, “Le bâtonnier de Paris attaque la loi Renseignement devant la Cour européenne”, NextInpact, 8 de octubre de 2015 (http://www.nextinpact.com/news/96810/le-batonnier-paris-attaque-loi-sur-renseignement-devant-cour-europeenne-htm)
[32] Los sucesivos gobiernos, y los parlamentarios, han negado su existencia en nombre de la razón de Estado. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, acabó admitiendo, el 15 de abril de 2015, que la PNCD se creó realmente en 1999.
[33] La Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) forma parte de la comunidad francesa de inteligencia con la Dirección de Información Militar (DRM), la Dirección de Protección y Seguridad de la Defensa (DPSF), la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), la Dirección Nacional de Información e Investigación de Aduanas (DNRED), el Servicio de Tratamiento de la información y acción contra los circuitos financieros clandestinos (Tracfin) y la Plataforma Nacional de Análisis y Desciframiento de Códigos (PNCD).
[34] Vincent Jauvert, “Comment la France (aussi) écoute le monde”, L’Obs., 2 de julio de 2015.
[35] Este inmenso banco de datos está a disposición de los demás servicios de información franceses (Fuente: Le Monde, 12 de abril de 2015)
(Continuará)
