Medios de comunicación occidentales y la naciente prensa privada en Cuba presentan el reordenamiento de la comercialización de productos agrícolas implementado por el gobierno cubano para aumentar el acceso de la población a los alimentos como un paso atrás en los cambios económicos en la Isla destinado al fracaso.
Tendrían razón si se tratara solo de publicar listas de precios topes, un “bandazo” de un día para otro sin relación con otras medidas destinadas a incrementar la producción y su flujo directo a lo mercados sin pasar por manos de acaparadores y especuladores.
El plan de inversiones en la agricultura, aprobado por la Asamblea Nacional cubana para este año, supera los seiscientos millones de dólares y desde el pasado diciembre se habían venido adoptando un grupo de medidas como la elevación de las cifras contratadas por el estado a los productores con precios que les garantizan un margen de ganancia sobre el 30%, aumento del aseguramiento y la oportunidad en las ventas de los insumos a estos, y rebajas de un 20% en alimentos básicos en la dieta del cubano como el pollo, el arroz, y otros granos que se comercializan por el estado.
Ninguna de las medidas estructurales para estimular la producción agropecuaria se ha desmontado, incluyendo la entrega de tierras en usufructo gratuito, aumento de las facultades a las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, la autorización de ventas directas de los campesinos al turismo y a otros destinos una vez cumplidos sus compromisos con el estado, la ampliación del crédito y el estímulo a la inversión extranjera en el sector. Sí se hizo cumplir la ley a un grupo de personas que no pagaban impuestos ni estaban registrados como vendedores minoristas (carretilleros), dañando a otros que sí lo estaban, y se disolvió una cooperativa en La Habana (mercado mayorista El Trigal) que se había convertido en un espacio para la adopción de precios monopólicos en perjuicio del consumidor y era escenario de delitos de diverso tipo que los directivos y miembros de la cooperativa fueron incapaces de evitar. Tampoco se impusieron precios topados a quienes comercializan en los llamados mercados de oferta y demanda ni a a los trabajadores por cuenta propia que arriendan puntos de venta, a pesar de los reclamos en tal sentido de la población.
Pero Cuba no solo tiene que movilizar sus reservas de eficiencia económica sino también de eficacia social que es lo que ha hecho con estas medidas, demostrando que junto a la necesidad de producir más también está la de distribuir y organizar mejor, impidiendo que se filtren por las alcantarillas del desorden, la corrupción y la desidia los recursos que deben beneficiar a todos porque ,como la inversión en la agricultura, salen del esfuerzo del país, de sus médicos, de sus científicos, de los trabajadores que generando exportaciones han rescatado la confianza financiera en la nación, y de los maestros que con su trabajo aun mal remunerado garantizan la estabilidad social y el nivel educativo que hace al país atractivo para la inversión extranjera y el turismo.
¿Qué tiene qué ver con la eficiencia que se deje deteriorar un alimento para sostener un alto precio, que se obtengan ganancias del cien por ciento por trasladar un producto dentro de la ciudad o que un carretillero o un chofer de alquiler gane tanto elevando artificialmente un precio que ya no sea él quien ejerza la actividad y se permite tener varios “empleados” que operan con su misma licencia sin pagar impuestos?
El foro realizado por Cubadebate alrededor del tema revela que no había que ser adivino para prever el respaldo popular a estas medidas rectificadoras de un “experimento” en la comercialización agropecuaria por cuya demora se pagó un alto costo político, reconocido por el Presidente Raúl Castro en su informe al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Sin embargo, sería bueno mirar más allá. Entre las intervenciones de los foristas en Cubadebate, un comentario a nombre del Consejo de Administración Provincial de La Habana apunta al desorden que progresivamente se dejó acumular:
“En los últimos días las medidas han tenido una efectividad superior y se han retirado mas de 100 licencias por violaciones. Lo mas significativo en el trabajo que se realiza está relacionado con el ejercicio ilegal de este oficio en las calles. Mas del 60 % de los que hemos identificado con violaciones no eran carretilleros legales y ejercían esas funciones de manera ilegal, lo que nos ha motivado a ser mas severos.”
¿En cuántos otros asuntos relacionados con servicios básicos a la población sucede algo parecido? Como en la venta de alimentos, existen otras actividades que impactan cotidianamente en la vida del pueblo -el transporte, la higiene comunal, la desprotección al consumidor en el comercio minorista- en las que el dejar hacer al margen de la legalidad es fuente de irritación y en las que un poco de orden elevaría la calidad de vida del pueblo sin grandes inversiones.
Una información del diario Granma afirmaba hace un año que más la mitad de los planteamientos de los electores a los delegados del Poder Popular “se relacionan con ilegalidades e indisciplinas”, o sea, no dependen de más producción o recursos materiales sino de organizar mejor los procesos de modo que cumplan con sus objetivos y no se desvirtúen en función de brindar beneficios no provenientes del trabajo legal a una minoría. En la misma dirección han ido los debates de las comisiones en las más recientes sesiones del parlamento cubano.
Ningún recurso será suficiente ni ninguna medida será eficaz si se naturaliza que una minoría abuse de la mayoría imponiendo en el espacio público sus preferencias sonoras o gráficas, arrojando escombros en la calle, poniendo en riesgo la vida de muchos con la violación de normas de transportación de pasajeros, estafando en el peso o el precio, o llevando a su bolsillo ante los ojos de todos lo que no le pertenece. En un clima de orden y legalidad las formas de gestión y propiedad privada y cooperativa tendrán más oportunidad de éxito y de aportar a un modelo de socialismo que se ha planteado reconocerlas en beneficio de toda la sociedad dentro de las reglas que se concensaron con el pueblo: garantía del acceso universal a los derechos sociales, no concentración de la riqueza ni la propiedad e incorporación del mercado con primacía de la planificación.
En tantos lugares donde se ha vuelto normal quebrantar la legalidad o maltratar al consumidor es necesario la exigencia de una gestión transparente de las entidades que brindan servicios, una comunicación que sea capaz de dotar al pueblo de los instrumentos para ser un defensor activo de sus derechos, no una víctima inerte como es hoy en la mayoría de los casos, y dar a estos hechos la connotación que tienen en el enfrentamiento por las autoridades encargadas de imponer el orden en los espacios públicos. Hay que crear un clima tal que lleve a que respetar la ley sea lo natural y actuar contra el bien común tenga un costo moral y económico tan alto que lo haga impracticable.
Eficacia social es también intentar hacer coincidir objetivos sociales con medidas que al tratar igual a todos no hacen más que multiplicar la desigualdad o dilapidar oportunidades que pudieran beneficiar más a sectores en desventaja. El caso más referido y también el más complejo es el subsidio que llega a todos a través de la libreta de abastecimientos, independientemente de si lo necesitan o no. Pero subsidio es una cosa y un registro de consumidores que puede usarse como herramienta de regulación y protección social en dependencia de las circunstancias es otra bien distinta a la que no deberíamos renunciar como instrumento de justicia social en un país bloqueado, con una economía golpeada frecuentemente, y de modo creciente, por fenómenos climáticos adversos que pueden ser fuentes de escasez y por tanto de especulación y agiotismo.
Tampoco deberíamos desaprovechar oportunidades de contribuir a la solución de problemas sociales desde la responsabilidad social de las empresas. Por ejemplo, actividades como los parqueadores estatales o los agentes de telecomunicaciones pudieran dirigirse intencionadamente a aliviar la situación de decenas de miles de jubilados y pensionados jerarquizados de menor a mayor ingreso, en coordinación con organizaciones de la comunidad y Consejos Populares.
El anuncio de la creación el próximo curso escolar del técnico medio en trabajo social ilustra la vocación del estado cubano por trabajar con profesionalidad y sensibilidad para que nadie quede abandonado pero hay que seguir estimulando la movilidad social con decisiones como la que se adoptó recientemente para ampliar aun más las oportunidades de ingreso a la educación superior e irlas perfeccionando para que su acceso guarde cada vez mayor relación con la composición sociodemográfica de nuestra sociedad y dependa cada vez menos de quién tenga más recursos para pagar el mejor repasador. La igualdad de oportunidades puede convertirse en ampliadora de la desigualdad si no toma en cuenta la diferencia de condiciones para aprovecharlas.
En el espíritu del VII Congreso todo lo que hagamos debe conducirnos hacia más eficiencia económica y más justicia social, junto a más participación y solidaridad consciente y culta en su defensa.
La cultura anticapitalista y antiimperialista que Raúl llamó a afianzar en su Informe central al VII Congreso – “combatiendo con argumentos, convicción y firmeza las pretensiones de establecer patrones de la ideología pequeño burguesa caracterizados por el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, la banalidad y la exacerbación del consumismo”, afirmó- tiene que ser difundida y asumida por nuestras instituciones educativas y culturales y nuestros medios de comunicación y sólo triunfará si esta es reproducida en las relaciones sociales y la vida cotidiana.
Por supuesto, la prensa capitalista, celosa vigilante para que no nos apartemos un milímetro de su interés clasista en que aquí gobiernen los mercaderes, o sea sus dueños, y no el gobierno que nos damos los cubanos, dice y dirá que vamos mal. Es sólo la confirmación de nuestro buen rumbo que no es una línea recta pero una vez más ha puesto en evidencia lo más importante: aquí se gobierna para el pueblo.
(Tomado La pupila insomne)
