La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó su completa inconformidad con la nedida coercitiva de que fue víctima este viernes en Sao Paulo el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva por parte de la Policía Federal.
En una nota oficial difundida el propio día en Brasilia, la jefa de Estado recordó que en varias ocasiones Lula compareció voluntariamente a prestar declaración ante las autoridades competentes, por lo que consideró innecesaria la medida.
El respeto a los derechos individuales pasa, en las investigaciones, por la adopción de medidas proporcionales que jamás deriven en providencias más severas de lo necesario para aclarar los hechos, subrayó.
Rousseff recordó que el cumplimiento de la Constitución es la única vía segura para el ejercicio de las funciones públicas y el respeto a los derechos individuales, y llamó a todos los servidores, con independencia del Poder en que actúen, a tener un profundo sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de sus competencias.
Las filtraciones ilegales y los prejuicios antes del ejercicio de la defensa no contribuyen a la búsqueda de la verdad, sino que sólo sirven para avivar la intolerancia y la retórica antidemocrática, advirtió.
En las primeras horas de la mañana Lula fue conducido al aeropuerto de Congonhas, Sao Paulo, por efectivos de la Policía Federal para prestar declaración en el comienzo de la fase 24 de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
Según fuentes periodísticas diversas, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales participaban en el cumplimiento de 44 órdenes judiciales, que se extendían también a las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se localizan inmuebles adjudicados a Lula, quien negó reiteradamente que estos sean de su propiedad.
La investigación, dijeron, busca establecer si Lula recibió ventajas indebidas de empresas acusadas en la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una red de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.
El inicio de la fase 24 se produjo horas después que medios de difusión amplificarán un reportaje publicado por la revista IstoÉ, según el cual el senador Delcidio Amaral acusaba a Rousseff y Lula de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la causa anticorrupción.
El propio Amaral desmintió horas más tarde la existencia de un supuesto acuerdo de delación firmado por él y afirmó desconocer el origen y la autenticidad de los documentos a los que aludía la publicación.
Una nota oficial divulgada por el Palacio de Planalto dio a conocer el repudio de la Presidenta al uso de filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales como arma política.
Estos arreglos, subrayó Rousseff, “no contribuyen a la estabilidad del país”.
Fuente: Prensa Latina
