Un total de 23 periodistas de México se encuentran desaparecidos desde 2003, sin que las autoridades ofrezcan a sus familiares ni la más mínima esperanza de verdad y justicia, según el informe sobre desapariciones de reporteros mexicanos difundido ayer (18) por la ONG Artículo 19, con sede en Londres.
Para la organización no gubernamental transnacional “el contexto generalizado de desapariciones en México impacta significativamente el ejercicio de la libertad de expresión”.
Según los registros del archivo Ciap-Felap*, a esta terrible cifra de desapariciones forzadas debe añadírsele los 132 periodistas, fotógrafos, comunicadores populares y trabajadores de prensa asesinados en México durante ese mismo lapso de 12 años, cuya despiadada eliminación física generalmente comenzó con una desaparición forzada o secuestro. El gran total de víctimas para esos 12 años ascendería entonces a 155.
Pero, ¿quién los mata? Principalmente la corrupción, “pública y privada”. Es decir, la corrupción de cuello y corbata instalada en el poder político y el aparato del Estado a escala local, estadal y federal, estrechamente asociada en sus negocios ilícitos con los grandes carteles del delito organizado en la misma escala local y federal, sin olvidar los nexos y vasos comunicantes con el poder económico más “formal” que en muchos casos representan los mismos personajes.
El informe documenta un patrón que en el 96% de los casos identifica como antecedente de la desaparición forzada la cobertura informativa previa efectuada por la víctima a temas de corrupción y de seguridad, donde los protagonistas son funcionarios públicos y sus socios del llamado crimen organizado.
El informe La desaparición y desparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México expone también las deficiencias y falta de voluntad política del Estado para atender estas graves violaciones a los derechos humanos, señala la nota de prensa de Artículo 19. “En particular, retoma el caso de Moisés Sánchez, periodista de Veracruz, inicialmente víctima de desaparición forzada y posteriormente asesinado [en Ciudad de México] –la línea de investigación que apunta a posible participación de autoridades municipales”, manifiesta el Informe.
En los 12 años estudiados, “en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Tamaulipas es la entidad con mayor registro de casos, con seis. Le siguen Michoacán y Veracruz con cuatro”, indica Artículo 19.
Frente a los efectos que genera la difusión de información crítica, los grupos de poder involucrados en estos hechos criminales se ven potencial y directamente afectados. Por consiguiente, resulta extremadamente grave para el funcionamiento del estado de derecho que las autoridades locales y federales omitan el ejercicio periodístico como principal línea de investigación judicial de los casos.
Los periodistas son un grupo en situación de particular vulnerabilidad, en relación a estas violaciones. La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante, en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas, afirma el informe. Asimismo, se exponen los obstáculos que enfrentan las familias de periodistas desaparecidos. Es constante que se les niegue el acceso a la investigación, siempre bajo argumentos que no contemplan sus derechos. Las víctimas indirectas terminan por no obtener información detallada sobre el curso y los resultados de las investigaciones.
“México es uno de los países donde más periodistas desaparecidos hay en el mundo. La desaparición implica un crimen continuo y una señal de desaliento para obtener justicia”, dijo Darío Ramírez, director de Article 19 Oficina para México y Centroamérica.
El trabajo de los periodistas es vital para el ejercicio de la democracia. En consecuencia, las desapariciones de periodistas representan para la prensa una represalia a su labor, que concluye con la autocensura, manifiesta el informe. Con la omisión del Estado, la impunidad es un mensaje de aliento a la corrupción y la repetición de estas agresiones. Y aún más trascendente, perjudican seriamente a la sociedad, ya que niega su derecho a la información, de claro interés público, y a la libre difusión de ideas.
Por Ernesto Carmona Ulloa (Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-FELAP) Santiago de Chile
Fuente: Informe completo en
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38261/Mexico—Informe-Especial-sobre-Periodistas-Desaparecidos-[Feb-2016].pdf
