En el plano interior, la amplia victoria en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) configura una Asamblea Nacional controlada –por mayoría cualificada, y por primera vez desde 1999– por fuerzas hostiles a la revolución bolivariana. Pero en cuyo seno, la bancada chavista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sigue siendo la más numerosa con 51 diputados. Lo cual permite augurar, a partir del 5 de enero, un enfrentamiento dialéctico de alta intensidad.
Con el control de los dos tercios de la cámara legislativa, la oposición cree sin duda que ha llegado la hora de la revancha y sueña con deconstruir pieza a pieza la revolución bolivariana. Teóricamente podría hacerlo. La Constitución lo permite siempre que se cuente también con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que hace funciones de Tribunal Constitucional, y del Poder Ciudadano (integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General de la República [1]). Pero sería un gravísimo error. La MUD no debe confundirse. Porque está claro –un simple análisis de los resultados lo demuestra– que los electores no le han dado mandato para ello, ni potestad absoluta para gobernar jurídicamente. El enfrentamiento institucional podría ser frontal y brutal [2].
Sociológicamente, el chavismo sigue siendo ampliamente mayoritario. En un eventual referéndum a favor o en contra de la revolución bolivariana, todos los estudios concluyen que una sólida mayoría votaría a favor de la continuidad del proceso. El 6 de diciembre pasado, se trataba únicamente de elecciones legislativas, de designar diputados, y no de cambiar de República, ni de cambiar de Presidente. Los ciudadanos, inteligentemente, aprovecharon para enviar un mensaje de alerta y de protesta a las autoridades. Muchos de ellos no imaginaban ni remotamente que otorgarían a la oposición una victoria tan excesiva. Nunca fue un voto de adhesión a un (oculto) programa de la MUD, sino un voto de advertencia a la actual administración.
Y es bastante normal. Porque desde hace largos meses, como consecuencia –en parte– de una “guerra sucia” económica fomentada y auspiciada por las oficinas de la Internacional conservadora, y también –tal y como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro–, a causa de “la asfixia de la burocracia y de la corrupción”, la vida cotidiana se ha vuelto bastante infernal para la gente. El desabastecimiento de productos de primera necesidad –tanto alimentarios como de higiene personal y del hogar– y de medicamentos transforma el día a día de los venezolanos en una incesante lucha para resolver escaseces que casi nunca antes se conocieron a este nivel. Aunque muchos comentaristas no lo reconocen, las autoridades han hecho un esfuerzo colosal y prioritario para combatir esta plaga. Pero los electores consideraron que no fue suficiente. Y sancionaron con su voto negativo esa ausencia de victoria en un frente capital.
Esa es la causa principal de los adversos resultados del 6-D para el chavismo. Si a eso añadimos diversos problemas que siguen sin solución –como los temas de la inflación, de la inseguridad y de la corrupción, que contaminan la imagen de la revolución bolivariana–, completamos el diagnóstico de un malestar general que se ha tornado en sentimiento crítico contra los gobernantes.
La oposición, decíamos, cree que le ha llegado su hora: la hora de la restauración neoliberal. Y después de haber ocultado cuidadosamente su programa durante la campaña electoral, ya está anunciando en voz alta su intención de multiplicar las privatizaciones, de reducir los servicios públicos, de revocar las leyes laborales, de liquidar los logros sociales, de desmantelar los acuerdos internacionales… Ante semejante provocación (recordemos que el chavismo es sociológicamente mayoritario), el presidente Maduro ha alertado a la opinión pública y acelerado la constitución de un Parlamento Comunal cuya función en la arquitectura del Estado aún no está clara, pero que podría funcionar como un órgano representativo y consultivo de la sociedad en paralelo a la Asamblea Nacional.
Todo indica que puede haber choque de trenes. La sociedad venezolana es profundamente democrática y pacífica –tal y como lo ha demostrado en los últimos diecisiete años–, pero estamos ante un duro pulso entre las dos grandes fuerzas políticas, chavismo y derecha, que controlan, respectivamente, el poder ejecutivo y el poder legislativo. La tentación de recurrir a la calle y a las manifestaciones de masas va a ser muy grande. Con el peligro que ello conlleva en términos de enfrentamientos y de violencia.
Este escenario de guerra civil tampoco es el deseado por la mayoría de los electores cuyo mensaje del 6 de diciembre pasado significaba abiertamente una llamada al diálogo entre oficialismo y oposición con un propósito claro: que las dos fuerzas se entiendan para resolver los problemas estructurales del país.
Decíamos al principio que, en 2016, la conflictividad podría ser alta en Venezuela también por razones externas. Y es que este año se anuncia, en términos de coyuntura económica internacional, como uno de los peores en los dos últimos decenios. Esencialmente por tres razones: el derrumbe del precio de las materias primas y del petróleo, la crisis de crecimiento en China y el aumento del valor del dólar estadounidense.
Es inútil insistir en que los precios del petróleo tienen una incidencia fundamental en la vida económica de Venezuela, ya que más del 90% de los recursos en divisas del país proceden de la exportación del oro negro. En dieciocho meses, los precios del barril, que estaban en 115 dólares, se derrumbaron a 30 dólares… Y no es imposible que, a lo largo del año, bajen hasta 20 dólares… Para cualquier país petrolero (Angola, Argelia, México, etc.), eso representa en sí una catástrofe, pero para Venezuela (y, en cierta medida, Ecuador o Bolivia), que redistribuye en políticas sociales lo esencial de su renta petrolera, significa un golpe muy duro y una amenaza mortal para el equilibrio de la revolución bolivariana.
El segundo parámetro exterior es China. Este país ha modificado su modelo de desarrollo y crecimiento apostando ahora por su mercado interior (1.500 millones de consumidores), por el aumento de los servicios y de la calidad de vida que la contaminación amenazaba de muerte. Las tasas de crecimiento, antes del 10 o 12%, se han reducido al 6 o 7%. Consecuencia: la importación de materias primas (minerales o agrícolas) se ha reducido, lo cual ha acarreado un derrumbe de los precios que afecta de manera frontal a los países exportadores latinoamericanos de metales (Perú, Chile) y de soja (Argentina, Brasil). Las crisis políticas que están viviendo estos dos últimos países no son ajenas a esta situación, y ello afecta indirectamente también a Caracas, socio importante de Brasilia y Buenos Aires en el marco del MERCOSUR.
Por último, el dólar. La decisión que tomó el 16 de diciembre pasado la Reserva Federal de subir los tipos de interés en un 0,25%, después de nueve años sin hacerlo, aumenta la fuerza del dólar. Que el dólar sea más rentable en Estados Unidos alienta a los inversores a retirar sus capitales –invertidos masivamente en los “países emergentes” desde que empezó la crisis en 2008–, y a desplazarlos hacia Norteamérica. Consecuencia: el valor de la moneda de los “países emergentes” (Brasil, Colombia, Chile) se desploma y se devalúa doblemente por el reforzamiento del dólar y por la huida de capitales. Y todos los productos importados se encarecen.
Semejante contexto latinoamericano e internacional dibuja, para 2016, un entorno poco favorable para la economía de Venezuela. Y coloca muy cuesta arriba la perspectiva de hallar soluciones rápidas para resolver los problemas del país. Desde que ganó las elecciones el 14 de abril de 2013, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado llamadas a la oposición y al sector privado en repetidas ocasiones para establecer un Diálogo Nacional. Es muy importante, ante las tempestades que se avecinan, que la MUD responda ahora a esas llamadas con espíritu constructivo de responsabilidad. Venezuela se lo merece.
Notas
(1) Tres cargos ejercidos actualmente por personalidades afines al Ejecutivo.
(2) Véase Gisela Brito, “Asamblea Nacional, Ejecutivo y Tribunal Supremo de Justicia, Claves sobre la disputa institucional en Venezuela”, América Latina en movimiento, Quito, Ecuador, 18 de diciembre de 2015.http://www.alainet.org/es/articulo/174345
(Tomado de Le Monde Diplomatique)
