Mientras el Presidente estadounidense ha lanzado varios llamados al Congreso para que levante las sanciones económicas, su administración sigue infligiendo multas récord a las empresas internacionales que comercian con Cuba.
El 28 de septiembre de 2015, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Obama hizo una constatación lúcida sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba:
“Durante 50 años, Estados Unidos aplicó una política hacia Cuba que fracasó en mejorar la vida del pueblo cubano. Hemos optado por un cambio. Todavía tenemos diferencias con el Gobierno cubano. Seguiremos defendiendo los derechos humanos. Pero abordamos ahora estas cuestiones mediante relaciones diplomáticas, un comercio en alza y lazos entre los pueblos. Mientras estos contactos se fortalecen día a día, estoy convencido de que nuestro Congreso levantará inevitablemente un embargo que ya no debería existir”.
Estas palabras del Presidente de Estados Unidos fueron saludadas calurosamente con nutridos aplausos en las Naciones Unidas. En efecto, las medidas hostiles impuestas a la isla desde hace más de medio siglo son anacrónicas, crueles e ineficaces. Afectan a las categorías más vulnerables de la población y constituyen el principal obstáculo al desarrollo del país. Del mismo modo, la brutalidad de las sanciones ha aislado a Washington en la escena internacional donde hasta sus más fieles aliados exigen desde hace varias décadas el levantamiento de este estado de sitito.
No obstante, las declaraciones de buena voluntad del Presidente Obama, oficialmente favorable a la supresión de las sanciones económicas, no van seguidas de actos. Peor aún, la Casa Blanca sigue aplicando con una absoluta severidad su política hostil, incluso en sus aspectos extraterritoriales, mofándose de las reglas elementales del derecho internacional.
Así, Créditagricole (CA), un banco francés, acaba de ser condenado a una multa de 694 millones de euros en Estados Unidos por realizar, entre otros, transacciones en dólares con Cuba. Se trata de la cuarta multa más importante impuesta a una institución financiera por Washington. CA está acusado de violar la InternationalEmergencyEconomicPowersAct, ley federal estadounidense de 1977 que permite al presidente limitar los intercambios con algunas naciones. Frente a las amenazas de cerrar todas sus actividades en territorio estadounidense, el banco francés no tuvo más remedio que aceptar la sanción.
En 2014, BNP Paribas tuvo que pagar la suma astronómica de 6.500 millones de euros a Washington por mantener relaciones financieras con La Habana. No obstante, Créditagricole y BNP Paribas respetaron escrupulosamente la legislación francesa, el derecho europeo y el derecho internacional. Estas entidades no cometieron ninguna ilegalidad en absoluto. Ambas fueron víctimas, como otras muchas empresas mundiales, de la aplicación extraterritorial –y por consiguiente ilegal– de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba. En efecto, una ley nacional no puede aplicarse fuera del territorio del país. Así, otra vez, Washington ataca de modo arbitrario los intereses franceses.
Es importante subrayar que es el presidente Obama y no el Congreso quien tomó esa decisión, en singular contradicción con el discurso ante las Naciones Unidas de optar por un enfoque basado en el diálogo, el entendimiento cordial y el respeto del derecho internacional.
No es la única contradicción del inquilino de la Casa Blanca. En efecto, como jefe del poder ejecutivo, Barack Obama dispone de todas las prerrogativas necesarias para desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones económicas, sin necesitar el acuerdo del Congreso. Así, el presidente de Estados Unidos puede perfectamente autorizar el comercio bilateral entre ambas naciones. Puede también autorizar a Cuba a usar el dólar en sus transacciones internacionales y permitir que la isla adquiera en el mercado mundial productos con más del 10 % de componentes estadounidenses. Obama puede también legalizar la importación de productos fabricados en todo el mundo a partir de materias primas cubanas y consentir la venta a crédito de productos no alimenticios a la isla.
Sólo hay tres sectores que Barack Obama no puede tocar sin la autorización del Congreso. No puede autorizar el turismo ordinario a Cuba. Tampoco puede permitir que Cuba adquiera materias primas alimenticias en el mercado estadounidense a crédito. Finalmente, el presidente no puede autorizar que las filiales de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior mantengan relaciones comerciales con la isla.*
En cuanto al primer aspecto, la respuesta es simple. El presidente Obama puede evitar el obstáculo legislativo ampliando la definición de las categorías de ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a Cuba. Hay actualmente 12 e incluyen entre otros los viajes académicos, culturales, científicos, periodísticos, profesionales, educativos, etc. Así, Barack Obama podría perfectamente ampliar la definición de viaje cultural a Cuba y decidir, por ejemplo, que todo ciudadano que se comprometiera a visitar un museo durante su estancia en la isla sería incluido en esta categoría. En cuanto al segundo tema, si el poder ejecutivo no puede autorizar la venta a crédito de alimentos a Cuba, Obama puede permitir que Cuba compre a crédito en el mercado estadounidense todo producto no alimenticio. El tercer punto no tiene ningún efecto pues si el presidente Obama autoriza que las empresas estadounidenses instaladas en el territorio nacional tengan relaciones comerciales con Cuba, no sería necesario recurrir a las filiales.
Barack Obama es el presidente estadounidense que ha tomado las decisiones más avanzadas en el proceso de acercamiento con Cuba al restablecer las relaciones diplomáticas y consulares y al adoptar algunas medidas limitadas que flexibilizan las sanciones. También es quien ha tenido el discurso más lúcido sobre la política exterior de Washington hacia La Habana, reconociendo el fracaso de un enfoque basado en la hostilidad. No obstante, sus acciones castigadoras hacia empresas internacionales, así como su reserva en tomar las medidas necesarias para desmantelar el estado de sitio económico contradicen sus declaraciones de principios y suscitan la incomprensión de la comunidad internacional.
Fuente: Al Mayadeen
