Bajo el gobierno de Evo Morales las transformaciones revolucionarias que han tenido lugar en Bolivia desde el año 2006 resultan muy significativas por su exitoso resultado, basado en una notable creatividad y eficiencia socioeconómica, lo que ha representado un antes y un después en la historia del país.
Si se examina esa historia, desde la época colonial la economía boliviana evolucionó primero a partir de una estructura monoproductora basada en la minería de la plata y el estaño, pasando después a la explotación de los hidrocarburos desde la primera mitad del siglo 20, unido a una agricultura de subsistencia que solo comenzó a lograr una limitada diversificación en el oriente boliviano después de la Segunda Guerra Mundial. El escaso avance económico logrado se dio –además- en medio de una brutal estratificación social, donde la explotada población originaria carecía de los derechos más elementales, en un medio con una baja densidad demográfica y una ubicación geográfica que propiciaba el aislamiento del país.
A lo anterior habría que añadir la gran inestabilidad de los sucesivos gobiernos bolivianos, con una historia plagada de asonadas militares y dictaduras de todo tipo, así como una desafortunada presencia de guerras con estados vecinos por disputas en torno a recursos naturales, que llevaron a Bolivia a perder partes sustanciales del territorio nacional. De tal modo ocurrió con la Guerra del Pacífico librada contra Chile en 1879, que dejó a Bolivia sin acceso al mar, o la Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia con Paraguay entre 1932 y 1935 al costo de 60 000 muertos y con pérdida igualmente de territorios valiosos en recursos de diferente naturaleza.
En medio de ese complejo devenir histórico, se incrementó la lucha de los trabajadores mineros y las fuerzas más progresistas de entonces, lo que condujo al triunfo de la Revolución nacionalista de 1952 a partir de la cual se desarrolló una reforma agraria y se nacionalizó la minería, al tiempo que se fortalecía el papel del Estado en la economía nacional. Sin embargo, estas transformaciones parciales perdurarían poco tiempo, pues ya a mediados de los años 60 nuevos gobiernos militares y oligárquicos revirtieron los limitados avances logrados.
La crisis económica y política del país llegó a una nueva cota con el enorme endeudamiento público de los años 80 y el proceso de hiperinflación que lo acompañó, todo ello en medio de la expansión de la producción y exportación ilegal de cocaína, que llegó a valorarse como un significativo aportador de divisas al país, expresión límite de la descomposición del sistema socioeconómico imperante entonces.
En síntesis, si se examinan los datos del crecimiento económico de Bolivia[1] entre 1950 y 1980 se aprecia que el crecimiento del PIB fue de solo 3.2%, en tanto que el promedio regional fue de 5.5%, mientras que el crecimiento de la industria manufacturera entre 1950 y 1974 alcanzó un 3.7% y el sector agropecuario 1.6%, cifras que se computan entre las más reducidas de la América Latina en esos años.
Para enfrentar la crisis se implantó una política neoliberal ortodoxa en agosto de 1985, que profundizó las contradicciones de todo tipo en el país y que duraría hasta el 2005, generando un crecimiento promedio anual del 3.1% que, sin embargo, no produjo el impacto alguno en el real desarrollo del país.
Los acontecimientos cambiaron radicalmente con el triunfo del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones que llevaron a la presidencia a Evo Morales en enero de 2006, con un respaldo de más del 60% de los votos, instalando –por primera vez en la historia de Bolivia- a un líder de la población originaria en la más alta posición del Estado.
El programa de gobierno de orientación socialista que se implementó a partir de entonces había sido gestado en estudios realizados por grupos de intelectuales de izquierda desde los años 90, bajo la denominación del grupo Duende y el grupo Comuna, donde participaron personalidades como Alvaro García Linera, actual vicepresidente del país, y Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas.
La implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que comenzó entonces partió de un diagnóstico de la crisis del capitalismo y de un análisis comparativo entre las políticas neoliberales y la política dirigida a respaldar los cambios indispensables en el modelo económico del país.
Una importante definición estratégica la expresaría el ministro de Economía y Finanzas Públicas al señalar que “No es la pretensión del Modelo Económico Social Comunitario Productivo ingresar directamente al cambio en el modo de producción capitalista, sino, sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista.”[2] De tal modo, el proceso de cambios se enfocó tomando en cuenta el nivel objetivo de desarrollo de la sociedad boliviana actual y la necesaria gradualidad que una transición al socialismo supone.
Por otra parte, se aseguró la creación de una economía plural bajo la dirección del Estado, que pasó a desempeñar un rol fundamental en las transformaciones; se incluyó también la participación del sector privado, donde el peso predominante lo tienen las PYMES; así como el sector cooperativo y las comunidades como los actores económicos fundamentales de este proceso.
Los dos pilares del nuevo modelo se concibieron a partir de un sector estratégico que genera excedentes y que incluye los hidrocarburos, la minería, la generación eléctrica y los recursos ambientales. Un segundo sector integra la generación de ingresos y empleo, lo que abarca la industria manufacturera y artesanal, el turismo, el desarrollo agropecuario, la construcción de viviendas y los servicios comerciales, de transporte y otros.
Intermediando entre esos sectores el Estado ejerce una política de redistribución de ingresos a través de programas sociales enfocados a la lucha contra la pobreza, subvenciones cruzadas, incrementos salariales y con mecanismos de transferencia condicionada de recursos como son los bonos Juancito Pinto, dirigido a la subvención de las necesidades de niños y personas jóvenes hasta los 18 años; los bonos Juana Azurduy, para apoyar a las madres bolivianas y la Renta Dignidad para respaldar a los pensionados. Estos bonos beneficiaban ya al 44.9% de la población boliviana en el 2015.
Los resultados de las transformaciones ocurridas en los últimos ocho años demuestran el indiscutible avance en el proceso de transición hacia una economía de orientación socialista.
En efecto, el crecimiento del PIB en el período de las políticas neoliberales -1985-2005- fue de 3.1%, mientras que durante el gobierno de Evo Morales se ha logrado un 5.3% hasta el 2014 y en el presente año se pronostica un 5% de incremento, lo que ubica estas cifras entre los mayores crecimientos de América Latina en el período. En este desempeño ha jugado un papel fundamental el aumento de las inversiones, cuyo peso relativo en relación al PIB pasó del 6.6 al 17.4% entre el 2005 y el pasado año, con un incremento de la formación bruta de capital que se elevó del 14.3 al 20% hasta el 2013. A su vez en este proceso la inversión estatal aumentó de 629 millones de dólares en el 2005 a un plan de 6 179 millones el presente año, para un incremento de casi 10 veces. A esto se añade que la inversión extranjera directa más que se triplicó entre el 2006 y el 2014, alcanzando en este último año 2 113 millones de dólares, más del doble del máximo alcanzado en los años del neoliberalismo.
La redistribución por parte del Estado de los beneficios generados por esta política de desarrollo productivo, que se apoya en una participación de alrededor de un 30% de la propiedad estatal en el PIB, donde recursos como los hidrocarburos y la electricidad desempeñan un importante papel, ha permitido un avance social muy significativo en pocos años.
En primer lugar en el período que va del 2005 al 2015 se redujo la pobreza extrema del 38.2% al 17.8% de la población; el coeficiente GINI disminuyó de 0.60 a 0.47, lo que refleja que el diferencial entre los ingresos del 10% más rico en relación al 10% más pobre de los bolivianos bajó de 128 veces a 42; el desempleo se contrajo del 8 al 3.5% y el salario mínimo pasó de 440 a 1 656 bolivianos mensuales.
Por otro lado, este importante avance social se alcanza con una notable estabilidad en la macroeconomía. Así el índice de precios al consumidor ha mostrado crecimientos que no rebasan entre el 6 y el 7% de inflación en los últimos años y el saldo fiscal se ha mantenido controlado registrando incluso superávits entre el 2006 y el 2013, lo que ha propiciado que el nivel de deuda pública interna haya descendido del 31 al 13% del PIB entre 2005 y 2014.
En relación a las finanzas externas se ha logrado una balanza de pagos equilibrada lo que ha posibilitado que las reservas internacionales se incrementaran de 1 714 a 15 123 millones de dólares entre el 2005 y el 2014, donde este último año la cifra representa el 46.1% del PIB. Por otra parte, la deuda externa ha crecido moderadamente de 6 278 millones de dólares en el 2006 a 7 756 millones en el 2013 y el servicio de la deuda se ha reducido significativamente.
La evolución registrada en la macroeconomía boliviana llevó incluso al hecho inédito de obtener una calificación de riesgo favorable de Fitch Ratings, que en julio de 2015 la elevó a BB, nota característica de economías desarrolladas y nunca antes registrada en el país. Según esta agencia la calificación se apoyó en múltiples elementos, entre los que destaca la sostenibilidad en la producción de hidrocarburos, la disminución de la incertidumbre regulatoria, la disminución de riesgos de nacionalizaciones, la capacidad de absorber shocks adversos en la economía, la presencia de sólidos balances fiscales y externos, un crecimiento económico sostenido y una estabilidad macroeconómica notable.
En síntesis, puede decirse que los factores que han determinado el éxito del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en Bolivia, aun en medio de un clima donde no ha faltado la hostilidad de las fuerzas de la contrarrevolución, son las siguientes:
–El haber planteado las metas de transformación y desarrollo adecuadas para la situación socioeconómica del país, lo cual supone la no superación inmediata de las relaciones capitalistas de producción y la transición gradual hacia una economía socialista, creando las condiciones indispensables para ello.
–El acertado reconocimiento e inclusión de los actores económicos fundamentales en el proceso de transformaciones, redefiniendo el papel prioritario del Estado en el mismo.
–La solución gradual de los agudos problemas sociales del país mediante un proceso de redistribución de ingresos, pero preservando, al mismo tiempo, el equilibrio macroeconómico indispensable para ese objetivo.
–La capacidad de Evo Morales y sus colaboradores para establecer un clima de transparencia y confianza con toda la población y especialmente con los pueblos originarios, alcanzando un elevado nivel de gobernabilidad y fortaleza política para enfrentar los obstáculos y las fuerzas sociales opuestas a los cambios dentro y fuera del país.
Notas
1.-Para los datos estadísticos del trabajo el autor se apoyó en la información presentada en el libro de Luis Bértola y José Antonio Ocampo “El desarrollo económico de América Latina desde la independencia” Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2013; en el documento de CEPAL “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015. Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el crecimiento” Santiago de Chile, julio de 2015 y en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia “Memoria de la Economía Boliviana 2014” La Paz, 2015.
2.-Luis Alberto Arce “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, revista del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ecoplural, 12ª Edición, agosto de 2015, p. 5.
Fuente: Cubadebate
