Parece que algunos de los principales medios de prensa de Estados Unidos, tan férreamente controlados por los poderes fácticos del “establishment”, han comenzado tímidamente a contar la verdad sobre algunas cuestiones delicadas de las relaciones con Cuba anteriores al 17 de diciembre de 2014.
Así, bajo el título de “La verdadera historia detrás de la obra de Alan Gross en Cuba”, John Stoehr, director editorial del diario The Washington Spectator y colaborador de The Hill, de Washington, D.C., ofrece un versión diferente de la oficial y única que hasta ahora habían tenido los lectores de este país acerca de las actividades del agente estadounidense que motivaron su arresto, condena y encarcelamiento en Cuba.
“Quien solo sabe de Gross lo que ha informado la televisión, probablemente piense que había alguna justificación para que se le sentara este año junto a la primera dama Michelle Obama como invitado de honor en la ceremonia de presentación del Informe sobre el Estado de la Unión”, dice Stoehr.
De Gross sólo se decía que era un activista humanitario injustamente encarcelado en 2009 por un régimen comunista represivo por el supuesto delito de promover acceso a Internet para la pequeña comunidad judía de Cuba.
Incluso cuando fue excarcelado y regresó a Estados Unidos en diciembre como parte del plan de Obama para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba en reemplazo de la política de cambio de régimen que se pretendió imponer a la isla por más de medio siglo, la versión oficial con apoyo bipartidista lo exoneraba de las culpas que le imputaban, según The Spectator.
Nada se había dicho de que en 2009 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pagó a Gross, a través de una compañía especializada en la instalación de equipos electrónicos de computación en áreas remotas, casi $600.000 para ir a Cuba a instalar equipos de Internet de grado militar en sinagogas judías que no podrían ser detectadas por el gobierno de La Habana.
Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), Washington ha invertido más de $ 200 millones desde 1996 en supuestos “programas prodemocráticos” destinados a desestabilizar al gobierno cubano desde el interior de la isla.
“El informe de la GAO aclara que, como la ley cubana prohíbe a sus ciudadanos participar en “actividades estadounidenses de asistencia a la democracia”, ningún programa de este carácter podría realizarse abiertamente. Y como la ley estadounidense prohíbe al Departamento de Estado -que supervisa la USAID-, participar en operaciones encubiertas, ésta siempre califica de “discretos” sus programas para Cuba en vez de “encubiertos”. Gross no fue lo suficientemente discreto” ironiza Stroehr.
En su quinto viaje a Cuba, en 2009, Gross fue detenido y posteriormente condenado a 15 años por “actos criminales contra la independencia de la nación cubana”.
“Gross pagó cientos de miles de dólares para subvertir el orden en Cuba; conocía que mediante la instalación de redes prohibidas de Internet violaba las leyes cubanas. “Esto es muy arriesgado”, escribió Gross en un informe a Desmond Butler, de AP. En una ocasión dijo: “lo que estamos todos es jugando con fuego.’ ”
La compañía que subcontrató a Gross, Asistencia al Desarrollo Inc. (DAI), con sede en Maryland, confirmó que él remitía informes periódicos de sus actividades, y que DAI informaba a USAID todo lo que hacía Gross. Un portavoz de esa compañía dijo a Associated Press que Gross “diseñó, propuso e implementó este trabajo”.
Gross ponía en peligro a los judíos norteamericanos y cubanos cuando contrabandeaban tecnología secreta de alto nivel, como los módulos SIM (subscriber identity module), disponibles sólo para militares y agencias de inteligencia.
Gross usó la comunidad judía como fachada y con ello puso en peligro los privilegios que los judíos disfrutan en Cuba, según el Spectator.
“Los judíos cubanos tuvieron acceso a la Internet varios años antes que Gross empezara a trabajar con ellos”.
Aún después de ser arrestado, Gross afirmó que no tenía idea de que lo que estaba haciendo en Cuba era ilegal, que no tenía intención de socavar al gobierno; que la empresa que lo contrató, DAI, no le informó adecuadamente de los riesgos. Declaró que estaba “profundamente apenado por haber sido un tonto confiado. Yo fui engañado. Fui utilizado.”
Pero también se enriqueció. Mientras Alan Gross estaba cumpliendo su condena, su esposa, Judy Gross, demandó a DAI por $ 60 millones en un tribunal federal. La compañía reparó el asunto hace casi dos años por una suma no revelada. Sea cual fuera la cifra, es adicional a los $ 3,2 millones que USAID acordó pagarle en noviembre, poco antes de ser liberado.
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