Con el asesinato de 43 periodistas y trabajadores de prensa ultimados este año en 8 países de América Latina, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap) observa que estos asesinatos se incrementaron en 60% entre 2006-2015, sin considerar las “desapariciones forzadas”, más difíciles de seguimiento, muchas veces ocultadas por el temor de las propias familias y siempre opacadas y olvidadas ante el perverso incremento de los asesinatos en los países con más víctimas. A los 43 asesinatos de 2015 debe añadírseles dos desapariciones forzada en México.
En la década 2006-2015 hubo 342 asesinatos en 17 países, prácticamente todos en la mayor impunidad, con un incremento de 60%, pero existen 16 naciones de América Latina y el Caribe donde no asesinan periodistas ni trabajadores de prensa: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad Tobago y Uruguay.
En diferentes países de la región presenciamos hoy cómo aumentan las víctimas de un perverso recrudecimiento del neo terrorismo contra periodistas y trabajadores de prensa promovido por los más altos niveles de poder de una clase política corrupta, generalmente todopoderosa a escala local, municipal, provincial, estadal, departamental, e incluso en altos cargos de nivel nacional y federal. El 87% de los periodistas asesinados eran reporteros locales y más de la mitad trabajaban online, según diversos estudios académicos.
Los poderes fácticos han infiltrado las instituciones públicas, policías, procuradurías, etc., y actúan hoy con bastante impunidad en los países que exhiben la mayoría de los asesinatos.
Las mafias de políticos corruptos utilizan como mano de obra criminal a los servicios locales o estadales de policía, pero además cuentan con los ejércitos privados que manejan sus “socios o aliados comerciales”, es decir, las mafias delictivas de la más diversa índole, cuyo espectro de negocios ilegales incluye preferencialmente tráfico de drogas, de armas y de personas. Esa fuerza letal presente en un continente sin guerras formales tiene poco que envidiarle al llamado estado islámico.
Pero la alianza de políticos-bandas criminales por fin comienza a ser desenmascarada. Por ejemplo, el 4 marzo fue capturado en Brasil Vilmar Acosta, ex alcalde paraguayo de Ypejhú, extraditado a Paraguay el 17 de noviembre para que responda como autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, del diario ABC Color, ultimados el 16 de octubre de 2014 por órdenes del alcalde que descubierto huyó a Brasil.
En el estado Veracruz, que ofrece la tasa mexicana más alta de asesinatos de periodistas, acusan de frente al gobernador Javier Duarte de Ochoa, del PRI, el partido que gobierna México. Duarte ejerce la gobernación “más mortífera para los periodistas, pues de 2011 a la fecha (noviembre 2015) han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos a su gobierno”, escribió Shaila Rosagel en SinEmbargo. Incluso, Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, el reportero gráfico veracruzano asesinado en la capital del país el 31 de julio, buscó refugio en Ciudad de México el 9 de junio precisamente porque dijo estar amenazado por el gobierno de Duarte, cuyos verdugos lo descubrieron y ultimaron en el Distrito Federal.
Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín de Bravo, Veracruz, fue acusado como autor intelectual del secuestro y homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, editor del periódico local La Unión, secuestrado el 2 de enero en su domicilio y hallado asesinado el 24-01-2015 en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. Del estado Veracruz son 4 de las 14 víctimas mexicanas de 2015. La sección México de la ONG Artículo 19 documentó 37 casos de desplazamiento forzoso de periodistas del estado Veracruz, considerado el lugar más letal para dedicarse a esta profesión. Asimismo, documentó el asesinato de 17 periodistas, desde 2000, entre ellos 12 registrados durante el actual gobierno estadal de Duarte.
Fuente: Uptba / ANC (Agencia Nacional de Comunicación)
